El Defensor del Pueblo recibió durante el año 2019 numerosas quejas que ponían de manifiesto «fallos en todas las fases del sistema de protección» de las víctimas de violencia de género. Dichos fallos, según destaca la institución, «son más graves cuanto más vulnerable es la víctima».

Tal y como apunta en el informe anual de 2019 presentado este miércoles, es necesario «mejorar la formación de los funcionarios públicos que atienden directamente a las mujeres». Ellas, según el Defensor del Pueblo, «en muchas ocasiones» denuncian «sentirse solas, cuestionadas, no escuchadas y abandonadas por los poderes públicos».

En este contexto, la institución ha realizado en 2019 actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema: en la de detección y emergencia; en la de enjuiciamiento y persecución penal; así como en la fase de integración social de las víctimas, que incluye servicios sociales y ayudas para la emancipación y autonomía de la mujer víctima.

Fruto de estas actuaciones, ha formulado nuevas recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. Según datos oficiales, el año pasado fueron asesinadas 55 mujeres y tres menores de edad.

Por ejemplo, ha pedido a la Secretaría de Estado de Justicia que dote a los juzgados de violencia de género de las unidades de valoración forense y de los medios humanos y materiales necesarios para que tanto fiscales como jueces puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías.

Además, ha aconsejado al Ministerio de Justicia que promueva la modificación de las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, así como la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.

También ha pedido a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que promueva la elaboración de un plan común de formación en materia de violencia de género y tratamiento de las víctimas para todo el personal de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales.

Para el Defensor resulta «imprescindible» también reforzar la educación en igualdad, incluyendo asignaturas y actividades específicas en esta materia en los colegios para luchar contra la violencia de género.

En esta línea, a finales de 2019, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, inició una actuación de oficio con el Ministerio de Educación para conocer el desarrollo de las medidas educativas de sensibilización y prevención previstas en el Pacto de Estado aprobado en 2017.

Por otra parte, la institución ha reclamado que se amplíe la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul ratificado por España.