Un informe elaborado por la Organización No Gubernamental (ONG) Igaxes ha alertado de que, desde la entrada en vigor del estado de alarma, la tasa de desempleo de las familias monoparentales desfavorecidas gallegas se ha elevado un 13% hasta situarse en el 34,4%.
También se ha indicado que otro 25% de estos progenitores ha sido sometido a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según el estudio ‘Del confinamento a la exclusión: impacto de la crisis sanitaria en la infancia y la juventud más vulnerables en Galicia, publicado este miércoles. En concreto, el informe se ha realizado sobre una población de 500 personas de la comunidad participantes en programas de atención directa de la entidad.
De este modo, se ha mostrado que un 73% de las familias en situación vulnerable con menores a cargo disponía de un puesto de trabajo antes la entrada en vigor del estado de alarma. Posteriormente, las unidades familiares en situación o riesgo de exclusión en los que los padres cuentan con un puesto de trabajo empleo se han reducido hasta el 43% y a otro 18% se les han aplicado ERTE.
A ese respecto, la entidad ha apuntado que el 60% de estos hogares han visto «agravada o muy agravada su situación». También se ha indicado que del 57% de las familias que se han visto afectadas por la crisis sanitaria un 13% ha perdido su puesto de trabajo, lo que supone que la tasa de desempleo se haya elevado al 39% en este colectivo.
En este sentido, se ha remarcado que, dado que «la mayor parte de estas personas carecían de ahorros» y «llegaban con dificultades a final de mes», la pérdida de empleo y la entrada en ERTE han provocado que deban afrontar los gastos diarios «solo con prestaciones y ayudas».
Además, se ha advertido de que esta situación puede afectar a la alimentación de los menores a cargo de estas unidades familiares, así como a su salud mental, su desarrollo cognitivo y sus relaciones. De hecho, Igaxes ha asegurado que los niños están «más desprotegidos» ante los conflictos que puede generar la situación de incerteza económica en su entorno.
EMPLEO JUVENIL
El informe elaborado por la ONG ha señalado que a comienzos del mes de marzo un 23% de los gallegos de entre 16 y 29 años en riesgo de exclusión disponía de un puesto de trabajo frente al 38% de la media de todas las personas de este grupo de edad. Sin embargo, tres semanas después de la entrada en vigor del estado de alarma solo el 8,5% de los jóvenes en situación vulnerable mantenía su empleo y otro 10,8% había sido sometido a un ERTE.
Así, al 74,6% de este colectivo que ha visto alterada su situación laboral se le han aplicado expedientes, mientras un 25,4% ha perdido su empleo y un 3,2% ha sido contratado. Como consecuencia, el 91,5% de la juventud en riesgo de exclusión no trabaja en la actualidad.
Ante esta situación, Igaxes ha advertido de que estas personas «se verán abocadas a una situación de extrema dificultad» dado que «la precariedad de sus contratos y su escasa vida laboral» afectarán a las prestaciones recibidas.
Además, la entidad ha señalado que la situación de «sectores clave» perjudicará las opciones laborales de este colectivo y ha recordado que la crisis influye en mayor medida en inmigrantes y extutelados que carecen de apoyo familiar.
También ha incidido en que las consecuencias derivadas de la propagación de la pandemia han afectado de modo especial al colectivo femenino. Así, el 84% de las mujeres de entre 16 y 29 años en riesgo de exclusión carecen de empleo en la actualidad y un 9% han sido sometidas a ERTE. Mientras, un 50% de las madres mayores de 30 años con hijos ha visto alterada su situación laboral por la crisis sanitaria. De hecho, un 13,9% de estas han perdido su puesto de trabajo y a un 19,4% se les han aplicado ERTE.
RENTA MÍNIMA UNIVERSAL
Así las cosas, Igaxe ha considerado «impostergable» la implantación de una renta mínima universal que permita «dignificar» la vida de las personas y garantizarles «unos estándares mínimos de seguridad y bienestar». De este modo, la entidad social ha reivindicado la necesidad de que esta prestación sea de carácter «universal» y compatible con otras ayudas, así como de que se desarrolle un plan de inclusión sociolaboral para los receptores de la misma.
Adicionalmente, esta ONG ha alertado de que esta crisis ha mostrado que el alumnado más desfavorecido «no puede aprender en igualdad de condiciones», por lo que ha reclamado la adopción de medidas educativas que garanticen que los estudiantes «puedan partir de la misma línea de salida» cada curso. En esta línea, ha afirmado que se deben destinar recursos a estimular el aprendizaje de los niños en situación vulnerable y prestarles apoyo emocional y psicológico.
