El Ministerio de Justicia ha informado este jueves a las asociaciones de jueces y fiscales que si el Congreso de los Diputados no convalida la próxima semana el real decreto de medidas urgentes aprobado el pasado 28 de abril por el Gobierno para evitar el colapso de juzgados y tribunales tras la pandemia por el coronavirus, tratará de que los objetivos contemplados se cumplan igualmente.

Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, en una reunión telemática que han mantenido con los representantes de los jueces y fiscales, que han preguntado por el escenario planteado si la norma elaborada por el Ministerio no recibe el visto bueno de la Cámara Baja.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió este lunes a todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Justicia del Congreso que voten a favor del Real Decreto-Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. Para ello, defendió que su texto fue «consensuado» con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y todas las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia, «independientemente de su signo político».

En este sentido, resaltó que medidas que han generado debate y críticas entre los operadores jurídicos, como habilitar del 11 al 31 de agosto para todas las actuaciones judiciales, no sólo fueron acordadas conjuntamente con todas las administraciones, sino que fueron propuestas por algunas de ellas.

Sin embargo, el PP ya ha anunciado que dirá ‘no’ al decreto al dudar de que exista tal «consenso», además de entender que se trata de una «técnica legislativa para modificar una ley orgánica», como es la del Poder Judicial.

Así lo afirmó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, este lunes durante la comparecencia del ministro, además de manifestar que tiene «sospechas de legalidad» de la norma. También Vox y Ciudadanos expresaron su rechazo, aunque no concretaron si votarán a favor o en contra de la convalidación.

Así, las cuatros asociaciones de jueces y las tres de fiscales han preguntado a los altos cargos del Ministerio sobre qué pasaría si finalmente el real decreto-ley no se convalida la semana que viene. «Se tratarán de cumplir más dificultosamente los objetivos propuestos en dicha norma», ha afirmado el departamento que dirige Juan Carlos Campo, según dicen las asociaciones en un comunicado conjunto.

«MALESTAR» DE LOS JUECES Y FISCALES

El Ministerio ha convocado este jueves a los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para presentarles el «Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19».

Un encuentro en el que las asociaciones han trasladado al secretario de Estado y al secretario general su «malestar por la falta de información y de consenso con las medidas que se van adoptando».

Se da la circunstancia de que este miércoles la APM y JJpD enviaron sendas cartas al ministro lamentando que aún no se les había comunicado cuándo se reactivará la actividad en juzgados y tribunales; y que las otras dos asociaciones de jueces emitieron un comunicado tachando de «cosméticas» las medidas para evitar el colapso.

Según informan las asociaciones, el Ministerio ha explicado que el «esquema» planteado se ha elaborado con las comunidades autónomas y se aplicará en toda España de forma homogénea. En él se prevé una guía de salud laboral, las fases de la desescalada y los turnos de mañana y tarde en el personal de la Administración de Justicia.

Las fases de desescalada serán cuatro, siendo la última la destinada a la «preparación para la vuelta a la normalidad», indica la nota de prensa de los jueces y fiscales. Se prevé que la duración de cada una de ellas sea semanal, aunque dependerá de la «evolución de la pandemia».

EL MARTES COMIENZAN A REINCORPORARSE LOS FUNCIONARIOS

Así, la reincorporación de los funcionarios será «progresiva», salvo los Registros civiles que tendrán mayores porcentajes de plantilla. La primera fase se iniciará el próximo martes, con una incorporación del 30 o 40 por ciento de la plantilla.

Una semana después se prevé que tenga lugar la segunda fase, que implicará una incorporación del 60 o 70 por ciento de funcionarios de la Administración de Justicia. Y, para la tercera fase se pretende que la totalidad de la plantilla se reincorpore, además de que se levante la suspensión de los plazos procesales.

Por otro lado, la guía de salud laboral recoge que se deberá proporcionar de equipos de protección individual a todo el personal de Justicia, pero que «serán obligatorios cuando lo establezcan las autoridades sanitarias», apuntan las asociaciones.

Asimismo, destacan que el Ministerio ha recordado que «por el momento» ni las mascarillas ni los guantes son obligatorios y que los test «tampoco por ahora están prescritos por las autoridades sanitarias», pues «se trata de bienes escasos y no está demostrada la inmunidad de todos los que han superado la enfermedad».

HORARIOS FLEXIBLES

En cuanto a los turnos de mañana y tarde, el Ministerio ha apostillado que se trata de una «medida excepcional y temporal que afecta solamente a un porcentaje de la plantilla, con horarios flexibles y con la finalidad de evitar aglomeraciones en las dependencias judiciales» y que dependerá de cada Administración y de cada sede judicial.

Por su parte, los jueces y fiscales han insistido en los temas de seguridad, especialmente en algunas sedes judiciales y en las oficinas de los registros civiles, así como en la necesidad de potenciar las herramientas tecnológicas, apunta el comunicado. En su opinión, es «necesario» que en la comisión mixta se establezcan consensos para «la efectividad de los señalamientos de juicios».

También han querido dejar constancia del previsible aumento de la carga de trabajo por la «acumulación de escritos presentados por los profesionales en las bandejas de los órganos judiciales».