El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afirmado que «todas» las mascarillas distribuidas por la Xunta fueron adquiridas por el Ejecutivo central, tras lo que, según ha asegurado, la Administración autonómica «les quitó la etiqueta del Gobierno y las entregó».
Así se ha pronunciado durante una comparecencia realizada este jueves de modo telemático en la que ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo «entregó 15.000 mascarillas caducadas desde 2014», en referencia al primer envío destinado a la ciudad. Precisamente, el Gobierno gallego ha defendido en varias ocasiones que este material de protección contaba con las garantías exigidas por el Ministerio de Sanidad para su distribución.
Tras explicar que el gobierno local repartirá 30.000 mascarillas «de modo inmediato» a las que el próximo lunes se añadirán otras 20.000 «compradas por el Ayuntamiento y que vienen del Gobierno», ha lamentado que «sigue esperando por las de la Xunta».
Asimismo, el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que las acusaciones del regidor olívico sobre el etiquetado de las mascarillas entregadas son «falsas».
En esta línea, ha recordado que, pese a que el Gobierno Central aseguró que asumiría la compra de material de protección, centralizándolo, «9 de cada 10 unidades utilizadas por el Gobierno gallego» fueron adquiridas por la Administración autonómica.
Del mismo modo, ha señalado que, hasta este momento, han sido enviadas a los catorce municipios del área olívica 195.821 unidades de material de protección. En concreto, ha detallado que se han entregado 114.580 guantes, 77.640 mascarillas y 2.684 trajes antisalpicaduras y batas, además de otros productos desinfectantes.
A ese respecto, ha precisado que 114.548 de estas unidades se destinaron a servicios municipales del Ayuntamiento olívico, por lo que ha señalado que «la manifestación del alcalde vigués en ese sentido es igualmente falsa». En esta línea, ha instado a Abel Caballero a «mantener la lealtad institucional que se requiere», así como a que «eche una mano» y «deje de torpedear» el trabajo de las administraciones que «están a la altura de las circunstancias».
