La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha aplaudido la decisión del Gobierno de eliminar el sistema de horquillas implantado en 2012 para establecer los precios de las matrículas universitarias, pero ha advertido que esta medida debe estar acompañada de «fórmulas compensatorias» para evitar que se produzca «una preocupante pérdida de ingresos» en las universidades públicas.

En un comunicado, la CRUE recuerda que llevaba años reclamando la eliminación de este sistema implantado en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, porque contribuirá «a impulsar la igualdad de oportunidades y supondrá un paso más para la vertebración y cohesión social del país al reducir la gran diferencia de precios que existe en las matrículas universitarias según las comunidades autónomas».

Sin embargo, las universidades advierten que una rebaja de esos precios públicos repercute directamente en sus ingresos menguantes durante la última década. «El sistema universitario español cuenta actualmente con un 30% menos de financiación que en 2009, mientras que otros países, como Portugal, la han incrementado en un 14%», aseguran desde la CRUE.

Por ello, los rectores consideran «imprescindible garantizar una financiación autonómica y estatal» para que las universidades españolas, porque de lo contrario «sería inevitable el impacto negativo sobre la actividad docente, investigadora y de transferencia». «Invertir en la educación es la mejor decisión que puede tomar un país», apostillan desde la CRUE.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la derogación del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias implantado en 2012 que ha encarecido, según el Gobierno, el coste de los estudios universitarios un 17% desde entonces, creando además desigualdades entre comunidades.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha propuesto este jueves a las comunidades autónomas rebajar el precio de la primera matrícula de Grado para el curso 2020-2021 a los niveles de 2011, así como consensuar un precio máximo en toda España. Para ello, las comunidades calcularán el impacto que tendría esta medida en sus territorios.