La Confederación Intersindical Galega (CIG) demanda que se pongan en marcha «medidas laborales urgentes» para llevar a cabo la desescalada, mientras que la Unión General de Trabajadores (UGT) pide a los ayuntamientos actuar en este proceso.
Por su parte, la CIG ha trasladado una serie de propuestas para «corregir de inmediato las deficientes e insuficientes medidas» de «corte neoliberal» que se han propuesto desde el inicio del estado de alarma y optar por «modificaciones legales» y la aprobación de » un paquete de medidas fiscales».
Las propuestas de esta fuerza sindical pretenden centrarse fundamentalmente en tres ejes, los ERTE, la negoaciación colectiva y el teletrabajo. Aseguran que es preciso «derogar las reformas laborales de 2010 y 2012» para restablecer «la versión menos mala» que regía con anterioridad.
En este sentido, proponen que se prohíba simultanear la aplicación de un ERTE con otra medida consistente en un descuelgue salarial, inaplicación de convenio colectivo, modificación substancial de las condiciones de trabajo o movilidad geográfica y/o funcional».
Además, apelan a que el trabajador afectado perciba inmediatamente el paro, garantizar el cobro durante todo el ERTE del 70% de la base reguladora de cada persona y apuestan por condiciones para aquellas empresas que quieran acogerse a uno.
En cuanto al teletrabajo, defienden control y garantías sobre el derecho a la desconexión digital, a la protección de datos y al uso de internet y apuntan a que la empresa garanticen reducciones y adaptaciones de jornada para la atención de personas vulnerables.
Todo ello tendrá que financiarse a través de «un paquete de medidas fiscales» con la «creación de un impuesto sobre los beneficios de la banca y los activos financieros», la «eliminación de los privilegios fiscales» de las grandes empresas y desviando «partidas» destinadas a «gastos militares y de la Casa Real» de los PGE.
GASTAR SUPERÁVIT
Otra de las fuerzas sindicales que se ha pronunciado sobre las medidas que deben adoptarse durante la desescalada ha sido UGT, que reclama «que no se dilaten las negociaciones en la administración local que estaban abiertas» y que «el Gobierno permita a las entidades municipales a gastar el superávit para superar esta crisis».
UGT ha reprochado que los gobiernos locales y sindicatos tiene «medios telemáticos necesarios» para «poder renovar las negociaciones» sobre Relaciones de Puestos de Trabajo, convenios o mejoras de condiciones de trabajadores y que esta situación «no puede ser obstáculo» para llevar a cabo estos trámites, «algunos con varios años de antigüedad».
También urgen a los ayuntamientos que los protocolos de desescalada sean graduales, flexibles y garanticen la seguridad y salud a los trabajadores y trabajadoras de las administraciones locales «sin peligros».
Por otra parte, reclaman al Gobierno que permita a estas entidades «gastar el superávit» que poseen en la vecindad, los negocios y las personas trabajadoras de los ayuntamientos, ya que creen que «no se puede tener el dinero ahí parado».
