La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha advertido este miércoles que el reparto propuesto por el Gobierno central de los fondos correspondientes al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) es «once veces peor para Galicia que para las demás comunidades autónomas».
Según recuerda la Xunta en un comunicado, la mayor parte de las ayudas sociales que se distribuyen con cargo a la ‘casilla social’ del IRPF son gestionadas por las autonomías; pero en el reparto que propone el Gobierno central, «a todas las comunidades autónomas se les incrementa la asignación por encima de un 11%, menos a Galicia, Madrid, Cataluña y Castilla y León, que perciben solo un 0,9% de crecimiento».
Fabiola García ha manifestado la disconformidad de Galicia con esta distribución en una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez.
La conselleira ha advertido que la Xunta «hará lo que sea necesario» para que el reparto de estos fondos «sea justo» con Galicia y ha advertido que «no se debe aprovechar esta crisis para castigar a unas comunidades y premiar a otras», porque «los perjudicados son las entidades sociales y los ciudadanos».
Al respecto, ha recordado que se trata de «la segunda vez» que el Gobierno central «reduce la asignación a Galicia de una ayuda social durante esta pandemia». La primera, ha explicado, se produjo a la hora de asignar fondos extraordinarios para el Plan social de contingencia de la Xunta. Entonces, subraya la Xunta, se redujo la aportación a Galicia de 25 millones a 17 millones, un 32%.
NUEVA AYUDA CON CARGO AL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Por otra parte, durante la videoconferencia, el secretario de Estado también ha trasladado a los representantes de las diferentes comunidades que las nuevas ayudas sociales con cargo al Impuesto de Sociedades (establecidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018) no serán gestionadas este año por las autonomías, sino directamente por la Vicepresidencia de Derechos Sociales.
A este respecto, la conselleira ha recordado que el Tribunal Constitucional avala que estas ayudas sociales directas (como las correspondientes al 0,7% del IRPF) «son competencia de las comunidades autónomas», por lo que ve «incomprensible» que el Gobierno central aproveche la situación actual para asumir esta gestión.
Fabiola García también ha aprovechado esta reunión para solicitar a la Vicepresidencia de Derechos Sociales «un calendario claro y pactado con el Ministerio de Sanidad» para la aplicación de la desescalada tanto en los centros de servicios sociales, como los centros de día, los centros de discapacidad y los campamentos de verano.
