El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que «adaptará» los dispositivos policiales para realizar «controles específicos» en la fase de desescalada que contempla progresivos alivios en el confinamiento por el COVID-19. No obstante, ha defendido que, pese a las 800.000 multas contra «insolidarios» que no respetan las restricciones de movilidad, «España no es un Estado policial».
«Habrá que ser muy estricto cuando hay una política de asimetría», ha dicho sobre el plan de desescalada por provincias y con varias fases en cada una. «La movilidad y el control interterritorial va a tener un elemento trascendental en términos de garantizar la salud pública», ha continuado Grande-Marlaska, reacio a hablar de «multas ni de cantidades» al sostener que no hay un «fin recaudatorio».
En una rueda de prensa en Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el titular del Interior ha mencionado los casos de reincidentes –sin precisar la cifra o facilitar un porcentaje sobre el total– del cómputo de detenidos y propuestas de sanción desde que entró en vigor el estado de alarma aprobado el 14 de marzo. Hasta el 28 de abril, son ya
Varias de las preguntas han girado sobre si habrá más controles y agentes en la calle, así como si se mantendrá la política de sanciones en el caso de incumplirse, por ejemplo, la prohibición de desplazarse entre provincias. Interior orientó a la delegaciones del gobierno para que las multas oscilaran entre 601 y 10.400 euros, con una propuesta de 1.500 euros para los que se desplazaran a segundas residencias.
Grande-Marlaska ha avisado que esta nueva fase requiere de «más esfuerzo» a pesar del cansancio acumulado, aludiendo en varias ocasiones a que la prioridad es garantizar la «salud de todos». En este sentido, ha dicho que unidades como la Agrupación de Tráfico y la DGT adaptarán sus dispositivos. «Nuestro esfuerzo es total», ha señalado.
«EL OBJETIVO, QUE EL PLAN TENGA ÉXITO»
«Evidentemente, ya tenemos planes para adaptar las funciones de Fuerzas y Cuerpos atendiendo a la realidad del plan de desescalamiento y que todos iremos observando día a día», ha comentado antes de añadir: «Habrá un control específico para alcanzar el objetivo de que el plan tenga éxito». Marlaska ha sostenido que ya «se está viendo la luz». «Lo que no nos podemos permitir es volver atrás», ha insistido.
Grande-Marlaska se ha referido a su respuesta en la sesión de control al Gobierno de este mismo miércoles por la mañana a una pregunta de Bildu quejándose de la desproporción en el número de multas con la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’. «Los agentes cuando interponen una denuncia aplican parámetros de proporcionalidad, idoneidad y flexibilidad», ha sostenido, remitiéndose a la necesidad de priorizar la salud pública y el funcionamiento de servicios públicos y esenciales.
En este sentido, se ha felicitado por la «respuesta admirable» de la mayoría de los ciudadanos, en concreto tras las primeras medidas de alivio que permiten que los menores de 14 años salgan a la calle desde el domingo acompañados por un adulto, tras más de 40 días de confinamiento. Según Grande-Marlaska, la «actitud flexible» de los agentes que vieron algunos incumplimientos solo se tradujeron en propuesta de sanción si se interpretó que se ponía en riesgo la salud.
