Un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) mediante aportaciones de sus 600 asociados ha señalado como las principales necesidades del sector que se garantice el abastecimiento de Equipos de Protección Individual (EPI), de cuya «escasez» se ha alertado, y que se mejoren las condiciones de acceso a avales para empresas habilitados por la Xunta y el Gobierno.
Así lo ha señalado el secretario general de Asime, Enrique Mallón, en una rueda de prensa telemática en la que ha presentado el estudio, realizado mayoritariamente a pymes de este sector, que genera el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 38% del empleo industrial de la comunidad.
En concreto, el informe ha remarcado que más de un 50% de los asociados adquirieron material de protección a través de esta entidad e instituciones públicas, pero han advertido de la «escasez» del mismo. Mientras, el 25% ha considerado que dispone de los EPI precisos para desarrollar su actividad o ha esperado recibirlos próximamente. Además, un 63% de los encuestados ha reconocido haber tenido «dificultades» para acceder a este material.
Ante esta situación, Mallón ha recordado que Asime ha dotado al sector de más de 45.000 mascarillas, así como que ha colaborado en la producción de dispositivos que permiten abrir puertas y ventanas sin contacto, entre otros.
No obstante, ha explicado que se prevé que sea precisa la utilización de EPI en el sector hasta finales de año, por lo que ha advertido de que el hecho de que su coste se haya «triplicado» puede dificultar el acceso a productos que «escasean», como guantes y gel hidroalcohólico.
Por este motivo, el secretario general de la patronal del metal ha instado a la Xunta a «flexibilizar» las ayudas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) destinadas a empresas que reorientan su producción para elaborar material de protección.
SOLICITUD DE AVALES Y PRÉSTAMOS
Asimismo, el informe ha reflejado que un 46% de las empresas del sector no ha solicitado ninguna medida paliativa, como las del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las de Igape, una situación que Mallón ha achacado a que sus condiciones no resultan «interesantes». Así, ha descartado que estas empresas no precisen acceder a estas líneas de financiación, por lo que ha llamado que se reduzca la complejidad de la tramitación y las comisiones de las mismas.
En esta línea, Mallón ha explicado que un 46% de los 600 asociados de Asime utilizaron avales del ICO mientras solo un 9,2% optaron por líneas habilitadas a nivel autonómico. A ese respecto, ha señalado que esta situación se debe a que las condiciones de la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Empresa resultan «más ventajosas y claras».
Por ello, el secretario general de la patronal ha instado a la Xunta y al Gobierno central a «facilitar al máximo» el acceso a esas medidas mediante los próximos avales que se pongan a disposición de las empresas. De este modo, ha abogado por que sus condiciones sean «cerradas por el Gobierno» para evitar concursos de acreedores.
A través de Asime, las empresas también han remarcado la necesidad de que se incrementen las exenciones y moratorias de pagos de tasas, así como de que se pongan en marcha planes para incentivar el consumo.
APLICACIÓN DE ERTE
Adicionalmente, el documento ha reflejado que una de las principales reclamaciones del sector pasa por la ampliación de la vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tramitados por fuerza mayor. En concreto, las empresas han reclamado que puedan aplicarse tras el levantamiento del estado de alarma.
Preguntado por los medios, Mallón ha precisado que la tramitación de estas medidas ha afectado a «28.000 de los 67.000 trabajadores del sector del metal». Además, un 70% de los empleados que han sido sometidos a estos expedientes pertenecen a empresas ligadas a la automoción, la metalmecánica y la producción de elementos de transporte.
Sobre ese punto, ha señalado que la suspensión de la actividad de la planta viguesa del Grupo PSA, así como de la de «grandes fabricantes a nivel mundial», ha conllevado la paralización de la actividad en el 90% de las empresas del sector en Galicia.
Además, ha indicado que el 30% restante de las personas que han sido sometidas a ERTE trabajaban, mayoritariamente, en empresas auxiliares del sector naval o relacionadas con la energía eólica.
Así, un 35% de las empresas que han solicitado la tramitación de un ERTE lo han hecho por razones organizativas o de producción y el 65% restante se ha acogido a expedientes por fuerza mayor. Además, el 40% de los solicitados ya se han aceptado y el resto permanecen a la espera de una respuesta. Mientras, se han rechazado siete ERTE de empresas en las que no se ha observado una relación entre la disminución de la actividad y la incidencia de la crisis sanitaria.
AFECTACIÓN A LA PRODUCCIÓN
También el estudio ha mostrado que, en la actualidad, un 46,9% de las empresas del sector operan con restricciones y un 36,9% están abiertas sin ellas, mientras las demás permanecen cerradas. Además, más del 40% de las que mantienen su actividad lo hace al 50% o menos.
En este sentido, el 50% de las empresas espera trabajar, como máximo, al 50% de su capacidad en mayo y un 20% de empresas creen que en esas fechas su nivel de actividad no superará el 25%; unas cifras que Asime espera mejoren cuando se reactive el sector de la automoción.
Además, más del 60% de los asociados ha advertido un «fuerte» impacto de la crisis sanitaria en su empresa. En concreto, un 75% de las empresas ha observado consecuencias en la caída de actividad por falta de pedidos o contratación de sus servicios. La falta de transportes y mercancías (19,2%) y los problemas con países de destino (15,4%) también se señalan como las principales afectaciones.
El informe ha revelado asimismo que el 90% de las empresas del sector del metal asociadas a Asime han aplicado protocolos específicos para adaptarse a la situación actual, mientras que el 10% restante ha considerado suficientes las medidas de las que disponía antes de la crisis sanitaria.
