El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha dado cuenta este viernes, en la reunión del Consejo de Administración del organismo, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que desestima su recurso sobre la concesión de dominio portuario del astillero Vulcano, y avala que esa concesión forme parte de la unidad que se puede subastar en el proceso de liquidación de la empresa.

Según ha señalado López Veiga en una rueda de prensa telemática, posterior a la reunión (también por videoconferencia) del Consejo de Administración, el Puerto «acatará» dicha sentencia que, por otra parte, no es susceptible de recurso. En todo caso, y dado que el organismo portuario había pedido un informe al Consejo de Estado sobre la situación de esa concesión, ha informado de que se pondrá la sentencia en conocimiento de ese órgano.

«Cuando hay una sentencia firme se acata y punto, yo no hago como otros, no critico al poder judicial», ha proclamado López Veiga, quien ha evitado valorar la resolución de la Audiencia. «El Puerto no hace más que acatar la sentencia, si se subasta la concesión no vamos a hacer nada», ha añadido.

A ese respecto, el representante sindical en el Consejo de Administración de la Autoridad, Anxo Iglesias (CIG), ha pedido la dimisión de López Veiga por la gestión que ha hecho de este asunto. Preguntado por esa petición de dimisión, López Veiga se ha limitado a constatar que «se pondrá en el acta» de la reunión de este viernes.

OTROS TEMAS

Por otra parte, el Consejo de Administración también ha dado cuenta de los cambios en los órganos directivos de las empresas Hijos de J. Barreras (con la toma de control por parte de Ritz Carlton) y Nueva Pescanova (con la toma de control por parte de Abanca).

Asimismo, en la reunión de este viernes se ha notificado, con respecto al cargadero de mineral de Rande, que hay informe de Puertos del Estado «que dice que la competencia para determinar si es un Bien de Interés Cultural no es de la Xunta, sino del Gobierno central». Por ello, el Puerto de Vigo ha remitido su informe a Patrimonio del Estado «para que dictamine al respecto».