La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ha decidido finalmente aplazar las oposiciones docentes para el próximo año, una cuestión que los representantes del profesorado llevan demandando durante semanas y que todavía deja abiertas algunas cuestiones por resolver, según recuerdan las organizaciones sindicales.

El departamento dirigido por Carmen Pomar ha asegurado el blindaje de las plazas para la convocatoria del próximo año, para evitar hipotéticos recortes por parte del Gobierno central.

En este sentido, los sindicatos reclaman garantías a la Xunta y que concrete más la propuesta de cara al próximo ejercicio.

Las cuatro organizaciones presentes en la mesa sectorial coinciden en reprochar el retraso en adoptar una decisión.

La CIG-Ensino ha ironizado con que la titular de Educación comparezca para confirmar «lo que era una obviedad», y ha insistido en que la central sindical pedía «claramente» desde el 31 de marzo que se debía anunciar el aplazamiento de la OPE.

En este sentido, CC.OO. Ensino ha lamentado que la decisión «llega tarde» y evidencia «una vez más la gestión errática que está haciendo esta Consellería» en la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

CONCRECIÓN

La Xunta convocó este jueves una reunión telemática con las organizaciones sindicales y con los representantes de las confederaciones de ANPA, prevista para las 17.00 horas.

Desde FeSP-UGT han avanzado que pedirán a Pomar «que matice» todos los aspectos que quedan por resolver de la OPE y han advertido de que el aplazamiento «no puede ir en detrimento» de las plazas del próximo año.

ANPE-Galicia ha lamentado también «que no se tuviera en cuenta en ningún momento a los legítimos representantes del profesorado» y han insistido en que no se puede perder «ni una de las plazas convocadas», además de solicitar que la celebración del proceso se realice con medidas para preservar «la salud de la comunidad educativa» y para evitar «posibles colapsos en plazos administrativos».