El Grupo de Abogados Concursales Coaga ha advertido de que la pandemia del coronavirus incrementará las insolvencias empresariales por lo que pide a las administraciones públicas que se anticipen a ellas para evitar el «deterioro financiero irreversible» y habilitar una «segunda oportunidad» en los casos más graves.

En un comunicado remitido a los medios, Coaga alerta de que la pandemia causará un alto coste social y económico, que se ve en las previsiones económicas correctoras que realizan diferentes órganos públicos nacionales e internacionales.

Según indica, en la finanzas públicas, «el resultado directo se traducirá en costes extraordinarios, necesarios para paliar los efectos sobre la economía». «Esto causará un incremento del gasto público y, portanto, el incremento del déficit y la deuda pública, ya muy alta desde la última crisis económica», avisa.

Asimismo, indica que, en el ámbito privado, «se prevé una intensa destrucción de tejido empresarial, especialmente, en el caso de los autónomos y de las PYMES en general, que causará un efecto más quepreocupante en las cifras del paro». Y es que, según indica, estas empresas y los autónomos son la «parte del tejido económico en la que se concentra el mayor volumen de empleo del país».

Coaga señala que en las medianas y grandes empresas el efecto será más limitado, al contar con «un mayor músculo financiero para soportar las consecuencias». «En muchas de estas empresas, el problema económico se podrá ajustar con una reducción de reparto de dividendos y tendrá un escaso efecto en la dinámica de consumo nacional», indica.

Ante ello, señala que en las pequeñas y medianas empresas es en donde habrá que pararse especialmente para «evitar su colapso», ya que «de no actuar con previsión la debacle puede ser muy importante».

En este punto, Coaga apunta que los sectores más expuestos a la crisis serían aquellos que hayan soportado un cierre más prolongado, como los negocios vinculados a la hostelería, actividades comerciales o turismo. «Muchos de estos negocios cuentan generalmente con recursos limitados, por lo que el cierre prolongado de las actividades les llevará a la insolvencia, tal y como sucedió en la crisis de 2008», alerta.

Por todo ello, pide a las administraciones públicas que pongan «especial cuidado» en este problema y activen medidas para «paliar el desenlace fatal de muchas empresas» a través de la priorización de una política económica nacional para el periodo post crisis.

De este modo, entre otras acciones, proponen medidas financieras consistentes en otorgar avales para la formalización de prestamos destinados a sufragar gastos corrientes.