La Confederación Intersindical Galega (CIG) advierte que la «demora del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la tramitación de ERTEs en Galicia «provocará el retraso en el reconocimiento del derecho a cobrar una prestación», lo que dejará a los trabajadores «sin ingresos» hasta que se haga efectivo el proceso.

A día de hoy en Galicia se han presentado 32.206 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el estado de alarma que afectan a 205.396 trabajadores, según la Consellería de Economía.

Ante estos datos, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha reclamado que se articulen «de inmediato», las medidas «necesarias para evitar que se produzca» una situación de desempleo y ausencia de ingresos para los empleados afectados.

Desde la CIG han criticado que esta situación se podría haber evitado si «desde el primer momento se reconociese el derecho de los trabajadores y trabajadoras a un permiso retribuido por deber inexcusable» y si se articulase un «fondo público de compensación» para las empresas.

En todo caso, Carril subraya que la situación actual es consecuencia de las «erráticas medidas adoptadas en los sucesivos Consejos de Ministros». Lamenta que ahora exista un «Gobierno sobrepasado por los miles y miles de ERTEs presentados» que, «una vez más», pagará la clase trabajadora «por una situación de la que no es responsable».

Para «conseguir la financiación pública necesaria» y «enfrentar los costes de las medidas extraordinarias», la fuerza sindical apuesta por que «se modifique la carga fiscal hacia las empresas, las grandes fortunas o a través de la intervención pública de sectores estratégicos de la economía».

De esta manera se respondería a los «principios de igualdad y progresividad», en lugar de optar por «políticas neoliberales que derivan» el impacto de esta crisis en la clase trabajadora.

RECLAMACIÓN A LA XUNTA

Respecto a la Xunta, Carril ha reclamado que Feijóo «gobierne Galicia para Galicia» y no se «escude en las decisiones adoptadas en Madrid para eludir su responsabilidad» en materias en las que «tiene todas las competencias.

Por todo esto, la CIG ha hecho una llamamiento para que la ciudadanía participe en una «cacerolada» este viernes 10 de abril a las 12,00 horas, como una «acción de protesta» con la que se quieren demandar «medidas de protección social sin discriminación entre colectivos».