Las patronales de la construcción de Galicia, Asturias y Castilla y León han emitido un comunicado conjunto a través del que piden al Gobierno un plan para el mantenimiento del empleo en el sector, con medidas como la promoción de nuevas licitaciones, el desbloqueo de licencias y el acceso de los ayuntamientos a su remanente para financiar infraestructuras.
Los presidentes de la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon, Joel García; la Federación Gallega de la Construcción, Diego Vázquez; y la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, han mantenido este viernes una reunión por videoconferencia para analizar la situación del sector en sus territorios tras la declaración del estado de alarma y la posterior paralización de la actividad en las obras.
Tras el encuentro, los presidentes han manifestado «la enormepreocupación» de las empresas y los trabajadores por el alcance de las medidas adoptadas en los últimos días, que consideran «especialmente perjudiciales» para el sector de la construcción. «La consecuencia inevitable va a ser la del cierre de la mayor parte de las PYMES y, además, de forma inmediata», avisan.
Ante esta situación, las patronales exigen la puesta en marcha en marcha de manera urgente de un plan que garantice el empleo mientras dura el estado de alarma y la paralización de la actividad.
También urgen la aprobación de las modificaciones legislativas necesarias para promover el anuncio de nuevas licitaciones públicas y que todo el procedimiento de licitación y adjudicación se tramite comoprocedimiento de urgencia, de forma que se acorten los plazos de licitación. «Si no se licita obra nueva en estos momentos, nos encontraremos con un valle de actividad en el segundo semestre delaño, inasumible para la generalidad de las empresas, y queprovocará el cierre de la mayor parte de ellas», advierte la patronal.
Además, reclama que se adopten medidas para desbloquear todos los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas, bien mediante la admisión de declaraciones responsables, o bien gestionando su tramitación a través de servicios técnicos externos.
También piden que se destine un porcentaje del superávit acumulado por los ayuntamientos a inversión y, en concreto, «a lafinanciación de la ejecución de infraestructuras y obras públicas»; que se agilicen las certificaciones y los pagos a contratistas y que se considere la pandemia del COVID-19 como causa de fuerza mayor a la hora de autorizar los ERTE.
