La CIG ha mostrado este martes su total rechazo «al paquete de recortes que pretende aplicar Indra» y que, según el sindicato, «incluye ERTEs, reducciones de jornada y una bajada de los salarios para los trabajadores no incluidas en la regulación temporal».
El sindicato entiende que estas medidas «son un fraude de ley», puesto que «se trata de una modificación sustancial que legalmente no fue comunicada a la representación social siendo los dos procesos diferentes no pudiendo negociarse conjuntamente».
En Galicia, ha señalado que el ERTE afecta a principalmente a sus sociedades Indra Producción de Software e Indra Soluciones Tecnologías de la Información, estando afectados en esta última 373 trabajadores –de una plantilla total de 1.132–.
CIG ha recordado que Indra presta soporte técnico a servicios públicos que en la crisis actual son «de vital importancia» para el funcionamiento de los servicios básicos y esenciales.
El sindicato esgrime que en la pasada jornada tuvo lugar la primera reunión del periodo de consultas y la CIG solicitó la retirada del ERTE, de las reducciones de jornada y de lo que Indra «denomina medidas complementarias», en referencia a «una reducción salarial de hasta un 25%».
CIG entiende que, «en la práctica, lo que pretende Indra es meter por la «puerta de atrás una modificación sustancial de las condiciones salariales».
«ERTE PREVENTIVO»
En cuanto a las causas del ERTE, CIG considera que Indra «no acredita las causas productivas alegadas, ya que ni siquiera concreta que bajada de carga de trabajo se produce, es decir los servicios y la cantidad de horas que los clientes le comunicaron que van a reducir».
«Lo que busca Indra es un ERTE preventivo en base a la previsión de una caída de la producción en el futuro, que ahora incluso no existe. De hecho, la empresa tiene al 90% del personal teletrabajando (poniendo en muchos casos sus propios medios para hacer la actividad laboral) y hay servicios en los que se está registrando una sobrecarga de trabajo», advierte.
Por ello, entiende que este ERTE constituye «un fraude» y pide la retirada de todo este paquete de medidas y que la empresa proceda a asignar el personal que había podido sufrir una bajada de la carga de trabajo para «reforzar las plantillas de aquellos servicios esenciales, y asegurar así que estos no se vean afectados».