La Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra (CEP) ha acusado al Gobierno central de «improvisar» las medidas económicas adoptadas y «pretender» que las empresas «soporten el coste» de la crisis sanitaria tras decretarse la suspensión de las actividades económicas consideradas como no esenciales.

Mediante un comunicado, la CEP ha reprobado que esta medida se haya publicado durante el fin de semana y «con nocturnidad». Así, ha lamentado que el establecimiento de un permiso retribuido recuperable para los trabajadores que no presten servicios esenciales se sume a otras iniciativas que «más que aliviar la carga de las empresas, la complican y generan inseguridad jurídica».

En esta línea, la Confederación de Empresarios de Pontevedra ha advertido de que el Real Decreto que ordena la suspensión de la actividad denomina permiso retribuido «a un cierre impuesto por decisión del Gobierno». A este respecto, ha señalado que este contexto supondría «una situación de fuerza mayor», por lo que ha avanzado que solicitará un informe jurídico al respecto dado que considera «fraudulenta» la calificación de los hechos.

Asimismo, la Confederación de Empresarios de la provincia ha advertido de que la recuperación de las horas no trabajadas durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril no conllevará necesariamente la recuperación de la productividad y la facturación perdidas.

De este modo, la CEP ha alertado de que «muchas pymes» no podrán afrontar las medidas económicas aplicadas ante la crisis sanitaria, que, a su juicio, muestran «el desconocimiento de la realidad y diversidad empresarial» del país. Por este motivo, ha vuelto a reclamar «una amplia rectificación en materia fiscal» que permita contrarrestar las consecuencias de estas decisiones.

CONSECUENCIAS

En este sentido, el presidente de la agrupación empresarial, Jorge Cebreiros, ha advertido de que el hecho de que se decrete el cierre de empresas y al mismo tiempo «se les exija que mantengan los mismos niveles de gasto» provocarán cierres de empresas y desempleo, además de «lastrar la vuelta a la normalidad».

Adicionalmente, Cebreiros ha criticado que «muchas» de las medidas económicas adoptadas conllevan «desigualdades de trato» entre las empresas y «no se han consultado ni consensuado». «Los empresarios nos merecemos más respeto que el que hasta ahora ha demostrado el Gobierno», ha remachado.

También ha afirmado que la adopción de estas medidas ha causado tensión en el tejido empresarial «cuya vulnerabilidad es máxima por lo inédito de la situación». Además, ha lamentado que la «indefensión» de los empresarios, que se ven «amenazados con sanciones penales o/y administrativas».

Cebreiros también ha reprobado que se sindicalicen todos los procedimientos, «incluso para empresas que no estaban obligadas a tener representación sindical», y ha lamentado que se «demonice» a los empresarios ante la «incertidumbre» e «inseguridad» generadas entre ellos.