La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa ha exigido al Gobierno central que adopte «soluciones inmediatas» para evitar el cierre de empresas debido a la crisis sanitaria causada por la propagación del coronavirus.

A través de un comunicado, ha criticado los acuerdos adoptados este martes en el Consejo de Ministros al considerarlos «insuficientes». En concreto, en la sesión, se aprobó el primer tramo de avales públicos por 20.000 millones de euros para garantizar que las entidades financieras otorguen la liquidez necesaria a empresas y a autónomos afectados por el impacto de la crisis sanitaria.

Además, la Cámara de Comercio provincial ha vuelto a reclamar que se apruebe «un marco económico para empresas y empresarios a título individual» dado que, según ha advertido, se espera que la pandemia cause una caída del 10 por ciento en Producto Interior Bruto (PIB), lo que, a su juicio, «provocará un efecto ineludible en todos los sectores económicos».

Así, ha llamado a actuar «preventivamente y con valentía» a través de la puesta en marcha de «un plan de choque que evite la pérdida de tejido productivo» y palíe las consecuencias de la pandemia.

De este modo, la entidad empresarial ha advertido de que la paralización de distintas actividades económicas «puede abocar al cierre a un amplio número de empresas y empresarios a título individual» y afectar a la producción y la demanda en distintos sectores.

También ha apuntado que, junto a la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), se generará una «importante merma» en la capacidad financiera de las empresas y un «debilitamiento del tejido productivo».

Por este motivo, ha instado a las distintas administraciones a poner en marcha distintas medidas económicas de modo coordinado y ha vuelto a proponer la agilización de la tramitación de ERTEs y la concesión de ayudas, así como la anulación de las reglas de estabilidad presupuestaria, entre otras.

Asimismo, la Cámara de Comercio ha recordado que se encuentra a disposición de las administraciones para «colaborar en el diseño, la aplicación y gestión de los paquetes de ayudas que se habiliten» con el objetivo de minimizar el impacto de la crisis sanitaria en la economía.