Las obras en ejecución contratadas por la Xunta podrán continuar, pero tendrán que «seguir siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias» para hacer frente a la crisis del coronavirus Covid-19. Así se recoge en las instrucciones aprobadas este viernes por el Consello de la Xunta en relación a los contratos de obra de la Administración autonómica.
En el mismo documento se recoge que la implementación de las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias «será responsabilidad» de las empresas contratistas, y estas serán trasladadas a los coordinadores de seguridad de las obras. Estas instrucciones tienen por finalidad clarificar la situación en las obras públicas, una necesidad «contrastada» –destaca la Xunta– en los contactos con a Federación Galega de Construción y con los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos.
INFRAESTRUCTURAS
Por otra parte, el Consello ha autorizado las expropiaciones para ejecutar una senda que unirá los núcleos de Carballo y Coristanco, con una inversión de más de un millón de euros. También se ha dado luz verde a la inversión de más de 6,47 millones de euros en la primera fase del acondicionamiento de la vía que une la Autovía Ferrol-Vilalba y Ortigueira. La Xunta invertirá, asimismo, 400.00 euros en la construcción de un nuevo auditorio en Ribeira (A Coruña), que dará servicio a toda la comarca de O Barbanza.
OTRAS MEDIDAS
El Ejecutivo también ha autorizado la firma de dos convenios de colaboración con las Universidades de Vigo y de A Coruña, que sumarán fuerzas para continuar la labor de investigación en el Centro Ramón Piñeiro. El Gobierno gallego aportará casi 21.000 euros para ambos convenios, que permitirán la continuación de proyectos sobre la historia de Galicia en los ámbitos lingüístico, literario y antropológico. El Gobierno gallego prevé rehabilitar la Casa do Pobo de Salvaterra de Miño (Pontevedra) para destinarla a ‘Casa da Música’. Para este proyecto invertirá 300.000 euros.
El Gobierno gallego ha analizado este viernes un informe de la Consellería de Política Social que concreta el plan social de contingencia diseñado por el para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus en ámbitos como la atención a la dependencia, el cuidado de las personas mayores o con discapacidad sin una red familiar de apoyo o la protección a las personas sin hogar.
La Xunta ha demandado al Gobierno central que «lo antes posible» aporte la financiación necesaria para implantar estas medidas. Dentro de este plan social de contingencia se incluyen inicialmente tres medidas, empezando por un sistema de seguimiento telefónico diario a las personas mayores o con discapacidad que son usuarias de un centro de día u ocupacional y que en estos momentos están en su casa, debido a la suspensión de las actividades en los centros.
Además, a las personas que lo necesiten se les repartirá en su domicilio comida para todos los días de la semana. Este sistema de seguimiento y reparto de comida ya se puso en marcha esta misma semana y, según el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, beneficia a 14.400 personas.
En segundo lugar, desde el lunes se pondrá en marcha el teléfono social (900 400 800), un número en el que se atenderá a personas con dudas básicas de la vida cotidiana en esta situación, personas que necesiten conversación o acompañamiento, personas que precisen atención psicológica especializada y personas que estén en una situación de necesidad o especial vulnerabilidad.
Por último, se lanzará un sistema de atención a domicilio extraordinario, para aquellos hogares en los que se detecte una situación de emergencia social. La detección se hará de la mano de los servicios sociales municipales. Las familias que lo necesiten recibirán apoyo profesional a domicilio o un servicio de comida en la casa.
REFUERZO FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
Finalmente, Feijóo ha concretado que la Xunta habilitará un plan de refuerzo para garantizar la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia machista durante la situación de emergencia sanitaria.
En concreto, se mantendrá operativo el servicio del teléfono de atención a la mujer (900 400 273), así como el asesoramiento jurídico en línea, y se seguirá prestando, por vías telemáticas, el asesoramiento psicológico, tanto para víctimas de violencia machista como sexual.
Asimismo, se mantienen operativos aquellos servicios administrativos de carácter esencial para las víctimas, como el pago de ayudas económicas y el bono de alquiler social, que podrá ampliarse hasta llegar a asumir la Xunta «el pago del cien por cien del alquiler durante un mes».