Varias comunidades autónomas como Galicia, Madrid, Castilla y León o Comunidad Valenciana mantienen abiertos centros educativos para equipos directivos y personal de administración y servicios a pesar del estado de alarma decretado el pasado sábado por el Gobierno, que suspendió la actividad educativa presencial en toda España para contener la propagación del coronavirus.

Según la información recopilada por Europa Press en todas las comunidades y contrastada con sindicatos docentes, esta situación se produce en siete regiones (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid) mientras en las diez restantes (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Euskadi, La Rioja, Murcia y Navarra) los centros están completamente cerrados.

Antes del estado de alarma decretado el sábado, todas las comunidades autónomas ya habían decidido interrumpir las clases, aunque la medida no implicaba en algunos casos el cierre total de sus centros educativos. Mientras Cataluña o Castilla-La Mancha tomaron desde el primer momento la decisión de clausurar por completo sus colegios e institutos, comunidades como La Rioja, Baleares o Asturias mantuvieron inicialmente la obligación de que los profesores acudieran a trabajar a sus centros.

Varios gobiernos autonómicos se decantaron finalmente por el cierre tras el decreto del Gobierno, pero otros mantienen todavía un mínimo de personal en los centros. Es el caso de Madrid, la primera comunidad, junto a La Rioja, que ordenó la suspensión de las clases desde el miércoles de la semana pasada.

Según la última instrucción del Gobierno regional de Díaz Ayuso, «la asistencia a los centros y servicios educativos sólo será precisa cuando deba garantizarse la continuidad de dicha atención educativa y la prestación de este servicio público», lo que mantiene la puerta abierta de los centros, dejando la decisión en manos de las direcciones de área. Además, la Comunidad de Madrid no ha prohibido las reuniones de docentes. Se limita a recomendar que no celebren «siempre que sea posible».

En otras comunidades, los trabajadores que acuden a los centros educativos se cuentan con los dedos de una mano, como en Galicia, donde debe permanecer en el centro al menos una persona del equipo directivo. En Aragón, además de un miembro del equipo directivo, se exige la presencia de un trabajador del personal de administración y servicios, mientras que en Baleares se turnan el director, el jefe de estudios y el secretario de cada centro.

En la Comunidad Valenciana, la instrucción de la Generalitat permite que los equipos directivos y los profesores puedan acudir a sus centros hasta que se complete la tarea de coordinación para asegurar la enseñanza a distancia, y en La Rioja la entrada se ha limitado a sus directores para alguna intervención puntual o recogida de material.

La última comunidad en suspender sus clases, el pasado viernes, fue Castilla y León, donde los centros educativos permanecen abiertos con servicios mínimos, aunque algunos directores han decidido cerrarlos por su cuenta, según apunta el sindicato CCOO a Europa Press.

LOS SINDICATOS, EN CONTRA

La Federación de Enseñanza de CCOO ha animado a denunciar ante el Ministerio del Interior o sus delegaciones a las comunidades autónomas que mantienen sus centros educativos abiertos para el personal docente, administrativo o de servicios, porque sostiene que el Gobierno decretó su cierre total tras asumir las competencias educativas con el estado de alarma.

El sindicato argumenta que el decreto del estado de alarma «taxativamente establece el cierre de los centros educativos, lo que significa el cese de toda la actividad educativa, incluso la permanencia en el centro de cualquier trabajador y trabajadora».

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, sin embargo, asegura que los centros educativos pueden permanecer abiertos con un personal mínimo, aunque la actividad docente se realice de forma telemática durante la suspensión de las clases.

Según fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press, el decreto de alarma permite acudir a los centros de trabajo si es estrictamente necesario, algo que también es aplicable a los centros educativos siempre que se respeten las recomendaciones sanitarias y el número de trabajadores sea limitado.

En el artículo noveno del Real Decreto que declara el estado de alarma se establece la suspensión de «la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza». También «las actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados». «Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y ‘on line’, siempre que resulte posible», indica el Real Decreto.