Unas 120 empresas gallegas recurren a la presentación un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a raíz de la crisis del coronavirus, según estimación de Comisións Obreiras.

Según explican por parte del sindicado a Europa Press, las compañías están a la espera de conocer en detalle las medidas del Gobierno para facilitar los ERTE y poder proceder al uso de esta figura.

El paquete de medidas laborales que aprobará el Consejo de Ministros podría incluir la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs), permitir el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos, y configurar el derecho de los trabajadores a la adaptación de su jornada laboral y/o a una reducción de jornada especial, que podría incluso alcanzar el 100%, cuando su presencia sea necesaria para atender a otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requiera de un cuidado personal y directo.

Así consta en un borrador con forma de Real Decreto-ley sobre medidas excepcionales en materia laboral elaborado hace unos días y al que ha tenido acceso Europa Press. Fuentes del Ministerio de Trabajo han asegurado que este no es el texto definitivo que está discutiendo el Consejo de Ministros de este y que algunas de las medidas contenidas en este borrador podrían no quedar igual.

Según este borrador, también se permitirá a los trabajadores que puedan adaptar su jornada y/o reducir la misma si se han visto afectados por el cierre de centros educativos o de otros que dispensaran cuidados a la persona necesitada de los mismos (centros de día, por ejemplo).

Asimismo, el texto establece que el trabajador se podrá a acoger a este derecho de adaptar la jornada o a reducirla ante la ausencia del cuidador habitual de la persona a su cargo por causas relacionadas con el coronavirus, con su prevención o con evitar el contagio.

Este derecho será individual de cada uno de los progenitores. El objetivo de estas dos medidas, según explicaba el Gobierno en el preámbulo de este borrador, es configurar un conjunto de garantías para evitar la aplicación de sanciones por faltas de asistencia de los trabajadores ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo.