La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes por la mañana dejar sin efecto los permisos de jueces y magistrados cuyo disfrute dificulte la prestación de los servicios esenciales durante el Estado de Alarma y ha advertido que no se cerrará ningún órgano judicial salvo disposición de la autoridad sanitaria competente.

La nueva instrucción desarrolla la dictada el pasado sábado para garantizar los servicios esenciales en la Administración de Justicia tras la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional ante la pandemia de coronavirus COVID-19, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

En el acuerdo de este lunes, el CGPJ recuerda que es la suprema autoridad judicial gubernativa del Estado en el marco competencial previsto en la Constitución y reitera el cumplimiento y la observancia de las instrucciones aprobadas hasta ahora para garantizar las actuaciones urgentes e inaplazables.

Así, señala que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia deberán revocar y dejar sin efecto los permisos y licencias concedidos al personal de la Judicatura cuando su disfrute impida o dificulte la prestación de los servicios esenciales acordados, excepto los que estén ya concedidos por razones de enfermedad, derecho de conciliación u otras de análoga naturaleza.

PRECISIONES SOBRE CONFLICTOS COLECTIVOS Y CIES

En cuanto a los servicios esenciales, aprobados de forma coordinada con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, el CGPJ hace algunas precisiones.

Así, en la jurisdicción social, la suspensión de las actuaciones judiciales no se aplicará a los procesos y recursos que se consideren inaplazables en materia de conflictos colectivos, tutela de derechos fundamentales, despidos colectivos, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), medidas cautelares y procesos de ejecución que dimanen de la aplicación del estado de alarma.

Además, se incorpora a la relación de actuaciones esenciales las materias relacionadas con internos del CIE a los que hace referencia en la ley la derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En cuanto a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, se extienden las medidas ya adoptadas sobre órdenes de alejamiento y protección tanto a los Juzgados exclusivos como aquellos que con naturaleza exclusiva y no excluyente conocen de la materia.

Se precisa igualmente que, en el caso de que se establezcan turnos rotatorios del servicio judicial, ello ha de entenderse sin perjuicio de la absoluta disponibilidad de los jueces y magistrados titulares de órganos unipersonales o colegiados cuando la situación lo requiera.

El acuerdo también recuerda que entre las competencias que las instrucciones aprobadas los pasados 11, 13 y 14 de marzo atribuyen a las Comisiones de Seguimiento constituidas en cada uno de los TSJ se encuentra la de coordinación de todas y cada una de las actuaciones que los órganos judiciales del territorio vayan adoptando, debiendo ser comunicadas éstas a la Comisión Permanente.

Asimismo, se recomienda a los presidentes de los TSJ que, cuando sea necesario para asegurar el cumplimiento de las instrucciones aprobadas por el CGPJ, podrán hacer uso de las facultades a que se refiere el apartado 7 del artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que les permite «adoptar las medidas necesarias, cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta en la primera reunión de la Sala de Gobierno».

LA COMISIÓN SE REUNIRÁ DIARIAMENTE

Por último, la Comisión Permanente ha acordado, mientras se mantenga el estado de alarma, reunirse diariamente para efectuar un seguimiento continuo de la situación y analizar cuantas incidencias se produzcan, al objeto de dictar las instrucciones que procedan para garantizar el servicio público de la Administración de Justicia.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los miembros de la Comisión Permanente han mantenido también esta mañana una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, para analizar la situación de los órganos judiciales en el territorio más afectado por la pandemia de coronavirus.