El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha acordado, con carácter provisional y a la vista del decreto que este sábado declarará el estado de alarma en todo el Estado debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, la suspensión a partir del próximo lunes, día 16 de marzo, de las actuaciones judiciales no urgentes en los órganos de la comunidad, así como de los plazos procesales.

El TSXG ha informado de esta decisión después de que en la jornada de este jueves se hubiese dejado, por parte del poder judicial, en manos de cada área judicial las decisiones al respecto y de que se hubiesen establecido medidas de seguridad, en todo caso, para prevenir contagios.

No en vano, a lo largo de la jornada de este viernes se habían previsto ya la suspensión de los juicios de lo social en Vigo o que los fiscales de esta área pidiesen la suspensión de todos los juicios. También lo habían decidido así, de forma general, en Ourense, según la información recabada por Europa Press.

Finalmente, tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno y junto a «las numerosas consultas, acuerdos y declaraciones que se están recibiendo sobre el modo de proceder en el entorno jurisdiccional del ámbito territorial de la comunidad autónoma gallega con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19», el TSXG ha considerado que era necesario regular de forma provisional determinados aspectos.

SERVICIOS ESENCIALES

En este sentido, se asumen, siguiendo lo acordado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, como servicios esenciales cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable, internamientos urgentes (atendiendo al artículo 763 de la ley de enjuiciamiento criminal) y la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables (como las medidas de protección de menores del articulo 158 código civil).

También entran en esta consideración los juzgados de violencia sobre la mujer, que realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

Por su parte, el Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios.

También deben llevarse a cabo las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros; cualquier actuación en causa con presos o detenidos; y actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tienen que ejecutarse las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electoral.

En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.

En general, también tienen esta consideración los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).

Finalmente, se faculta a los responsables judiciales correspondientes a adoptar las decisiones necesarias en cada una de las dependencias y al cierre o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento de las autoridades competentes.

ALTERNATIVAS NA XUSTIZA

En cuanto a las actuaciones que se están adoptando, Alternativas na Xustiza considera que son «tardías» y ha denunciado que la Consellería de Xustiza no colocó en tiempo «desinfectantes» para los trabajadores, que los tuvieron que «llevar» de sus casas, y no adoptó medidas de protección.

En declaraciones a Europa Press, Pablo Valeiras (antes de conocerse las nuevas medidas) también criticó la decisión adoptada este jueves de dejar a criterio de cada junta de jueces las medidas a adoptar, lo que ha provocado que inicialmente se adoptasen medidas dispares en el territorio gallego.

PENITENCIARIOS

Por otro lado, el sindicato Acaip-UGT ha denunciado la «irresponsabilidad» de los gestores de la administración penitenciaria al «no suspender», al menos en los próximos 15 días, en los centros penitenciarios y en concreto en este, las comunicaciones por locutorios.

«Consideramos que es una irresponsabilidad absoluta por parte de los gestores permitirlas, pues las familias de los internos estarán en contacto directo entre sí y con funcionarios», señalan en un comunicado, en el que advierten de que «no hay orden de entregar una mascarilla a todos los comunicantes».

Los encargados de detectar los casos sospechosos son los «propios funcionarios sin la formación médica apropiada para detectarlos» y, a día de hoy, «no se dispone de termómetros sin contacto para pasar un mínimo control sobre las familias que acceden al interior».

Acaip y UGT advierten de que «se permite el acceso a los locutorios de hasta 40 familias de internos con cuatro miembros por familia». También avisan de los riesgos de recoger el dinero que se deposita en ventanilla o de los paquetes de ropa destinados a los internos.

Estos familiares tienen que ser identificados digitalmente y pasar por un arco de detector de metales en el que las prendas de abrigo son registradas por otro funcionario.

Así las cosas hacen un llamamiento a las familias para que pospongan estas comunicaciones, aunque entienden que «deseen» comunicarse con los familiares privados de libertad. «Lo solicitamos por responsabilidad social y ciudadanía. Este esfuerzo sería muy importante a la hora de controlar esta enfermedad en el interior del centro, reduciendo en lo máximo posible cualquier contagio», añaden.