Los presos políticos y represaliados de Galicia durante la dictadura franquista han exigido a las administraciones públicas gallegas la retirada de las «distinciones honoríficas» que aún mantiene el expresidente de la Xunta y ministro durante el Franquismo, Manuel Fraga Iribarne.
El villalbés conserva títulos como «hijo adoptivo» de varios ayuntamientos y diputaciones provinciales como la de A Coruña. Por este motivo, personas como Manuel Monge han suscrito un manifiesto que trasladarán a las administraciones públicas para que cumplan con una cuestión que define como «higiene democrática».
Para Monge y otros ex presos políticos como Elvira Souto, Manuel Villares, Nicanor Acosta o Xan María Castro, «ningún ministro de Franco puede seguir manteniendo distinciones honoríficas por los servicios prestados a una dictadura criminal».
Para ellos existe una «biografía secuestrada y ocultada» de Fraga. En su trayectoria constan «más de 35 años de militancia franquista y fascista». Utilizan las palabras del escritor José Manuel Caballero Bonald para hacer hincapié en esta idea y han explicado que «Fraga se convirtió en uno de los máximos secuaces de la camarilla de Franco y que sus actuaciones propiciaron la falta de libertades y la persecución de disidentes».
«RAÍCES DEL PP»
A través de estos testimonios y otros hechos de los que se acusa a Fraga, como el ser negacionista del Holocausto judío, los presos políticos aseguran que el fundador de Alianza Popular deja clara las «raíces del actual PP».
Además, no les sorprende que en la actualidad políticos de derechas y de ultraderecha asuman comportamientos relacionados con la exaltación del Franquismo y recuerdan cuando Alianza Popular celebró su primer congreso al grito de «Franco, Franco».
TIEMPO NUEVO PARA GALICIA
Por otra parte, este viernes los presos políticos se reunirán en Santiago para decidir cómo dar proyección y continuidad a esta iniciativa que nació en 2018, 50 años después de que el Ayuntamiento de A Coruña otorgase el título de ‘Hijo adoptivo’ a Fraga Iribarne.
Apuntan a extender esta idea a todas las administraciones para eliminar los restos de «toda la simbología franquista». Nicanor Acosta ha explicado que «muchas calles de Galicia» aún preservan la «simbología fascista» y es preciso un «tiempo nuevo para Galicia».
Por su parte, Xan María Castro ha hecho hincapié en las «tendencias retrógradas» que considera que existen en la democracia española a día de hoy. Incide en la necesidad de «restablecer la calidad democrática» y «limpiar» el territorio de rescoldos dictatoriales.
Todos ofrecen su conocimiento e información de la que disponen para que los Ayuntamientos puedan «retirar estas distinciones» en un pleno local en el «periodo de tiempo más breve posible» para echar al «Franquismo fuera de Galicia».
