La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha anunciado este jueves la ampliación de las restricciones de accesos a todas las cárceles del país en el marco de las medidas de contención aprobadas ante el brote de Covid-19. De esta forma, las comunicaciones con todos los internos sólo se pueden llevar a cabo a través de locutorios.

La decisión tiene en principio una vigencia de 14 días y, según ha explicado Instituciones Penitenciarias en un comunicado, llega tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado martes Instituciones Penitenciarias anunció esta medida y la suspensión de las salidas programadas tratamentales, no así los permisos ordinarios o en aplicación del artículo 100.2, que es el que disfrutan, entre otros, los presos del 1-O por decisión de las cárceles catalanas -donde están transferidas las competencias–.

En todos los casos, no obstante, se realizan controles médicos en módulos separados del resto de internos al regreso al centro, ya sean ingresos de libertad o tras permisos. Los penados en tercer grado, residentes en los centros de inserción social o secciones abiertas de los centros penitenciarios, continuarán con su régimen de semilibertad.

Las restricciones se fijaron el martes para doce centros de Madrid, Álava y La Rioja, pero un día después se amplió hasta 16 centros, incluyendo las dos prisiones de Ocaña (Toledo), la de Burgos y Dueñas (Palencia). Este jueves por la tarde ya afecta a la totalidad de centros dependientes de la Administración del Estado, con unos 50.000 internos en total. Hasta ahora, según Prisiones, los internos han recibido «sin incidentes las explicaciones de la dirección, los equipos técnicos y los funcionarios de vigilancia».

Según la orden de Interior, «solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible». Queda excluida por tanto la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras o profesionales acreditados. La actividad docente queda sujeta a lo que establezca la administración competente y también se suspenden los traslados intercentros, «salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales».

DOS POSITIVOS EN PRISIÓN

«El objetivo de todas estas medidas es proteger la salud de todos los empleados penitenciarios así como la de los internos e internas – considerados colectivo vulnerable- que están recibiendo con comprensión las explicaciones de los funcionarios», según ha señalado el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Hasta la fecha solo se han registrado dos positivos por coronavirus en las prisiones de la Administración General del Estado: el de una trabajadora de Madrid VI-Aranjuez y el de un interno del centro penitenciario de Álava que tuvo contacto, previamente, con un ertzaina que lo custodiaba.

Además, se mantienen las medidas de carácter sanitario ante un positivo o un caso de sospecha, que se decretaron el pasado 4 de febrero. Entre ellas, el aislamiento en celda individual mientras se da traslado del caso a la autoridad sanitaria para su evaluación y la toma de medidas y, por otra parte, la comunicación inmediata a la autoridad sanitaria y judicial correspondiente si se decreta la libertad de un caso confirmado o de sospecha.

Instituciones Penitenciarias señala que se está incrementando la dotación de los Equipos de Protección Individual (EPI’s) en los centros penitenciarios, que ya cuentan con material para hacer frente a un eventual aumento de los casos: más de 90.000 mascarillas quirúrgicas, casi 13.000 FFP2, cerca de 2.500 mascarillas FFP3, más de 2000 batas resistentes a líquidos y un millar de protecciones oculares.