La gestión de la Xunta de la suspensión de las clases por la alerta sanitaria ha suscitado la crítica por parte de los sindicatos de profesorado, tanto por la falta de comunicación con los profesionales para informar sobre las medidas preventivas como por obligar a los docentes a acudir a los centros a pesar del cese temporal de actividad educativa.
La Federación do Ensino de CC.OO. ha tachado de «intolerable» que las organizaciones sindicales y centros educativos conozcan la suspensión a través de los medios. Una medida que no ponen «en cuestión», aseguran, pero que no se ha visto a acompañada de una adecuada transmisión y comunicación con los profesionales y sus representantes.
En esta línea, el sindicato ha considerado una «burla» las declaraciones del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en las que indicó que «a ver si son capaces de mantener unas clases por Internet» en la próxima semana. Para CC.OO., el presidente muestra así «un profundo desconocimiento de la realidad educativa» y «atenta contra los principios de igualdad», porque «no todo el alumnado tiene la misma facilidad» de acceso a Internet.
La CIG-Ensino también se ha pronunciado en esta misma línea y ha lamentado la negativa de la Consellería de Educación a convocar a los sindicatos para poner en común las medidas de actuación necesarias y preservar los derechos laborales y de conciliación.
En este sentido, ha apelado a la «necesidad de hacer un esfuerzo para transmitir tranquilidad» ante el alumnado, pero ha insistido en que «todas las cautelas y decisiones» que se adopten «sean explicadas y compartidas» para asegurar la «buena gestión y transparencia».
OFRECER «GARANTÍAS»
ANPE-Galicia, por su parte, ha insistido en que «no se debe obligar» a los docentes a cuidar a los centros y ha defendido que se adopten fórmulas de teletrabajo, para sí garantizar la continuidad de la actividad y ofrecer a los alumnos «garantías suficientes» para sus estudios y al mismo tiempo «proteger a los grupos de riesgo».
Parte de estas organizaciones han solicitado, además, que se convoque una reunión con la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para contrastar las acciones previstas en relación a los centros y al personal educativo.