Dos expertos juristas, el exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña, Francisco Caamaño, y el también catedrádico de la misma rama en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Roberto Blanco Valdés, discrepan sobre la idoneidad de aplazar las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril, aunque coinciden en que se podría buscar una solución legal. Eso sí, hacerlo exigiría de un pacto político.

De este modo, Caamaño, explica que sería posible un aplazamiento de la cita electoral pero solo en el caso de que se tratase de un acuerdo «unánime» y que estaría «al margen» de la «previsión legal» que marca la Constitución.

«En mi opinión, tendría que haber un acuerdo en el Parlamento correspondiente, tendría que estar de acuerdo la junta electoral y después habría que formalizarlo en un decreto del gobierno», señala en declaraciones a Europa Press el que fuera ministro de Justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con todo, el catedrático de Derecho Constitucional advierte de los riesgo que una decisión de estas características podría implicar. «Cualquier persona que no fuese a votar ese día porque no se celebrase en su día podría ir al Tribunal Constitucional y decir que es inconstitucional porque vulnera el artículo 23 de la Constitución, que es su derecho a la participación política», ejemplifica.

«¿Y qué ocurriría si aplazas y después tienes que volver a aplazar? ¿Quién lo decide?», se pregunta Francisco Caamaño, que considera que sería «peor el remedio que la enfermedad» y aboga por que se tomen las medidas posibles para «garantizar la normalidad democrática».

PREVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Y es que Francisco Caamaño ha dejado claro que la Constitución «no prevé la posibilidad de que, una vez convocadas, las elecciones puedan ser aplazadas o suspendidas». «Si alguien pudiese aplazar o suspender unas elecciones podrían llegar a no convocarse nunca», señala en declaraciones a Europa Press Caamaño, que advierte que la Carta magna establece la celebración de elecciones de forma «automática» para evitar que «un gobierno» pueda «manipular y evitar que el pueblo se pronuncie democráticamente».

En este sentido, explica que la Constitución contempla algunas situaciones excepcionales, como los llamados estados de alarma, excepción y sitio, que permiten suspender algunos derechos fundamentales como el de huelga, negociación colectiva o libertad de expresión de los medios de comunicación. Con todo, subraya que el «derecho de participación política no está entre ellos».

«En ningún caso puede evitarse que la gente participe en procesos electorales convocados», subraya Caamaño, que insiste en que «la respuesta con la Constitución en la mano» es que «no se puede suspender en principio la celebración de una convocatoria electoral».

«Una cuestión distinta es que haya que tomar algunas medidas por los órganos reguladores de las convocatorias, básicamente las juntas electorales, como podrían ser recomendarle a la gente que votase en determinados horarios por orden de apellidos» o que se «eviten los mitines, señala.

«Insisto, la Constitución está pensada para evitar que no se puedan celebrar. La historia de la democracia es normalmente la historia de un rey que no quiere convocar al Parlamento y, para evitar que no se convoque, lo que hacen las constituciones es establecer sistemas automatizados», sostiene.

«EL DERECHO ESTÁ PARA RESOLVER PROBLEMAS»

Mientras Caamaño alerta del precedente que sentaría aplazar unas elecciones, aún de ser posible articular una vía legal, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Roberto Blanco Valdés, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que se él no tiene «la más mínima duda» de que se puede dar este paso e incluso considera que debería analizarse ya esta posibilidad.

Aunque no duda de que hay vías legales si llegado el momento se decidiese aplazar los comicios, Blanco Valdés coincide con Caamaño en que cualquier paso de este tipo exigiría del acuerdo de los principales partidos.

La vía, a su modo de ver, estaría en la Ley 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que recoge expresamente el caso de una crisis sanitaria. Sin embargo, habría un problema, y es el que el artículo 11 de esta norma cita expresamente una batería de medidas que, decretado el estado de alarma, podría tomar el Gobierno, pero entre ellas no está la alusión a aplazar o suspender un proceso electoral.

«Pero el derecho está para resolver problemas, no para crearlos», señala este experto, quien en este punto sí discrepa de Caamaño e interpreta que este listado de acciones no es «un compartimento estanco» sino que se citan una serie de medidas «a modo de ejemplo», por lo que, bajo su punto de vista, podrían introducirse otras nuevas «si la situación lo exige».

Blanco Valdés reconoce la «excepcionalidad» de aplazar una cita con las urnas en España, donde «no tiene precedente alguno», pero insiste en que la necesidad de preservar la salud pública puede obligar a dar una respuesta en poco tiempo. La Junta Electoral Central podría tener «un papel importante», señala, a la hora de recomendar medidas al Ejecutivo central. Precisamente, este jueves se reúne la gallega.

GARANTIZAR EL DERECHO A SUFRAGIO

A su modo de ver, en Galicia, a día de hoy, «no se está en situación» de suspender la situación, «pero podría darse» porque «de aquí al día 5 de abril el escenario puede ser peor». En este punto, ha incidido en la necesidad de escuchar lo que, llegado el momento, determinen las autoridades sanitarias y los epidemiólogos.

Y es que mantener los comicios si empeora la crisis sanitaria del coronavirus podría dar lugar a un doble problema, según Blanco Valdés: que «no se pueda garantizar un normal operativo electoral» ante el riesgo de contacto con las «sucesivas personas» que pasarían por los colegios y las distintas mesas electorales, ni «en el peor de los escenarios» se pueda «garantizar tampoco» el derecho a sufragio.

Así, indica que, si en un caso extremo, hay medidas restrictivas y se aconseja, por ejemplo, que los mayores de 65 años no salgan de su hogar, se estaría de facto «restrigiendo el derecho a voto». En este escenario, avisa de que mantener los comicios sería «un disparate absoluto».