La incapacidad de conciliar la vida laboral, familiar y los cuidados de gente mayor, son parte de las razones para el ingreso de personas ancianas en centros teóricamente capacitados para su atención. En España la dependencia no había estado regulada por una ley hasta el año 2006. Con todo, desde asociaciones como Modepen señalan que esta es una ley “neoliberal que permitió la entrada de empresas privadas, favoreciendo el debilitamento del sector público y todo por falta de voluntad política”. El nicho de negocio lo aprovecharon desde fundaciones bancarias, fondos buitre y gente con contactos entre la clase política. Durante los últimos años, además, se fue creando una concentración de empresas de este sector que, en algunos lugares, son casi monopolios. Muchos y muchas preguntan si la visión de “ánimo de lucro” se traduce en una asistencia de calidad dentro de estas residencias

SECTOR MUY PRIVATIZADO

Existen tanto residencias públicas como privadas y cada sector tiene su propio convenio. La mayoría de residencias en Galicia son privadas, seguidas por las públicas y por último las concertadas. Es el sector privado de las residencias el que está en el punto de mira de las familias, asociaciones de trabajadoras e incluso de la justicia. Los motivos van desde la carencia material y humana para atender las personas usuarias.

“El 85% de las personas ingresadas en residencias son de tercer grado, grandes dependientes. Estas personas necesitan ser movilizados por dos auxiliares” dice Paulino Campos, presidente de ASFAREBA y de la Federación REDE, que busca unir las diferentes asociaciones de familares con personas en residencias para mayores. “Según los ratios (personal necesario para atender a las personas dependientes ingresadas) es imposible que las tareas de asistencia directa se hagan bien, en el 90% o 95% de residencias en España se hacen movilizaciones con una sola persona”.

Pepe Bernández, de la asociación Vejez Digna, apunta que en algunas residencias “hubo meses en que no había enfermeras por la noche en la residencia donde tuve familiares”. La presión física y psicológica de atender un promedio de 150 usuarias por tres personas en turno de noche en una residencia privada, explica que “las enfermeras que entran en esas residencias acaban abandonando al poco tiempo por las condiciones laborales” señala Bernárdez. La carencia de personal hace que otras categorías laborales ocupen puestos de enfermeras o puestos de lavandería.

Francisco Vázquez Vizoso, ex-Jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario de Pontevedra, señala que según un estudio realizado en residencias en la Comunitat Valenciana, “el coste de la atención se lleva el 44% de los gastos, luego la cocina lleva un 13% y un 11% para lavandería, sobre estos puntos caen los recortes que luego se traducen en deficiencias en la atención a las personas usuarias.

DIFÍCIL ACCEDER A PLAZAS PÚBLICAS

En Galicia existían hasta mediados de 2019 un 478 centros residenciales. Los de titularidad pública eran 92, los privados sin ánimo de lucro eran 197 y los privados con ánimo de lucro eran 189. Sin ánimo de lucro pueden ser fundaciones respaldadas por entidades con el objetivo de prestar un servicio sin buscar el beneficio económico directo. Las residencias públicas además, pueden tener la gestión privatizada si la Xunta llega la algún acuerdo con empresas concesionarias.

Actualmente es difícil acceder a una plaza en residencias públicas autonómicas. Los casos que se atienden son personas con ingresos inferiores a 800 euros a fin de mes según fuentes de Modepen, el movimiento para las pensiones dignas. “A mediados de febrero de 2020 no había plazas públicas en toda la provincia de Pontevedra” dice Francisco V. Vizoso.

Las residencias privadas cobran precios elevados, dependiendo de la empresa gestora y del lugar donde esté emplazada la residencia. Puede haber precios de 1.500€ al mes a 4.000€. “El precio va en función de las necesidades de la usuaria, si pagas 1.800€ al mes a lo mejor tienes que añadir un andador o una silla de ruedas que te cobran a mayores en la mensualidad” dice Pepe Bernárdez, “a veces se van los ahorros de toda una vida, la pensión y parte del salario de los hijos”. La cobertura de necesidades extras se reflejan en el contrato que se firma entre cliente y residencia. Esta última puede rescindir el contrato de manera unilateral en caso de desacuerdos.

Actualmente las residencias privadas están llevando buena parte de las solicitudes de plazas para personas mayores. La falta de camas públicas y el desvío para las entidades de capital privado, muchas con ánimo de lucro, hacen que las personas usuarias y sus familias tengan que hacer una inversión importante, a veces teniendo por resultado a pérdida de ahorros y parte de salarios.