La Diputación Permanente del Parlamento de Galicia se reúne este viernes para abordar las peticiones de la oposición, que piden la comparecencia del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para que explique su relación con los exdirectivos de la petrolera mexicana Pemex investigados por corrupción y las supuestas irregularidades cometidas por el departamento de Emigración del Ejecutivo autonómico en la embajada española en Venezuela en los años 2015 y 2016.
Así figura en el orden del día de la Diputación Permanente, que se convoca por primera vez desde la disolución de la Cámara gallega con motivo de las elecciones del próximo 5 de abril. A un mes de la cita, los grupos reclamarán que Feijóo acuda al Pazo do Hórreo para dar explicaciones sobre asuntos que, dice la oposición, vinculan al Gobierno con «casos de corrupción».
Además, la oposición –PSdeG, Común da Esquerda, BNG y mixto– también pide que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, acuda al Parlamento a informar sobre la gestión de la emergencia registrada el pasado 13 de febrero, cuando un trabajador de 38 años falleció en el pueto exterior de A Coruña tras sufrir un infarto y esperar durante media hora por una ambulancia.
Sin embargo, el presidente de la Xunta ya explicitó que consideraba «ridículo» que la oposición exigiese una comparecencia sobre sus vínculos con Emilio Lozoya, detenido por corrupción a mediados de febrero y que ocupó el cargo de director de Pemex durante la compra del astillero vigués Barreras.
PEMEX
En septiembre de 2012, Pemex y la Xunta de Galicia anunciaban la firma de los contratos para la construcción de dos floteles (uno en Barreras y otro en Navantia-Ferrol) y, algo más de un año después, a propuesta de Emilio Lozoya, el Consejo de Administración de PMI (filial de la petrolera mexicana) aprobó la compra del 51 por ciento de las acciones del astillero vigués por 5,1 millones de euros.
Esta compra, apadrinada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (en cuya agenda pública figuraron encuentros con Lozoya en 2013 y 2014), se escenificó en diciembre de 2013, en una visita de mandatarios de la empresa mexicana a Vigo. En esa visita, se anunciaron varios contratos más, que nunca llegaron a hacerse realidad (un atunero, tres ‘buques-tanque’ y otras tres unidades que tampoco se concretaron).
Más tarde, la bajada del precio del petróleo y el cambio de gobierno en México, donde el presidente López Obrador anunció la revisión de contratos y una investigación sobre la «corrupción» en la petrolera, hicieron que el astillero vigués se convirtiera en un quebradero de cabeza para Pemex.
De hecho, la estatal azteca ha trasladado su intención de deshacerse de las acciones, y recuperar los 5,1 millones de euros, así como los 8 millones depositados en garantías.
EMBAJADA EN VENEZUELA
Por otra parte, la segunda reclamación de los grupos políticos tiene que ver con el agujero detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de ayudas a españoles en Venezuela en 2015 y 2016, y el supuesto plan del responsable gallego de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, para cubrir el escándalo con fondos públicos.
Esta información, dada a conocer el 20 de febrero por medios como ‘Praza Pública’ y ‘ElDiario.es’, indica que Rodríguez Miranda habría formulado esta propuesta en diciembre durante una reunión en la embajada española del citado territorio, con la presencia del embajador, Jesús Silva, y el cónsul Juan José Buitrago, todos miembros del consejo de administración de la Fundación España Salud.
El «escándalo» que apunta el artículo afectaría al anterior responsable de este organismo durante 2015 y 2016, Juan de San Genaro Santana (dirigente del PP de Canarias), que gestionó supuestamente la adquisición en el mercado negro de una cantidad indeterminada de dólares tras cambiar 300.000 euros que estaban destinados a ayudas de emergencia social para casos graves. El informe de Cuentas, indican estos medios, señala que el importe correspondiente al cambio en aquellos años fue entregado a la citada fundación, pero que el diferencial obtenido se habría destinado al pago de actividades de carácter electoralista.
