La conselleira de Educación, Universidades e Formación Profesional, Carmen Pomar, ha querido zanjar este miércoles la polémica en torno a un caso de enchufismo en la Escuela de Restauración de Bienes Culturales de Pontevedra, confirmado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en octubre de 2018 y ahora ratificado por el Tribunal Supremo, y ha asegurado que «el fallo está acatado desde 2018».

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto con motivo del 8M en Vigo, y después de que la CIG hubiera dado a conocer la resolución del Supremo y hubiera pedido su dimisión, la conselleira ha recordado que ese caso (denunciado por el sindicato) «es algo que viene de 2016 y desde 2018 está acatado el fallo».

No obstante, y pese a esa primera resolución del alto tribunal gallego, la Consellería de Educación presentó recurso de casación (que ahora ha inadmitido el Supremo). Pomar ha justificado este miércoles esa decisión, porque «fue un derecho que tenía» su departamento, aunque ha insistido en que el fallo está «acatado desde 2018». «Y no hay nada más que añadir», ha zanjado.

Los hechos se remontan al año 2016, cuando la Consellería de Educación creó una plaza para una docente que tenía su puesto de trabajo en Avilés, en el Principado de Asturias, y que no podía obtener destino en Galicia porque no existía un puesto de su especialidad en los centros educativos, al no ser necesaria.

La beneficiaria de este puesto era Beatriz Seco González, actual directora del Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) –y cuñada de Susana López Abella, exsecretaria xeral de Igualdade de la Xunta e integrante de la candidatura del Partido Popular a las elecciones autonómicas por la provincia de Lugo–.