Representantes vecinales, hosteleros, inmobiliarias y de estudiantes Erasmus, entre otros, han constituido una nueva plataforma cívica, social y empresarial para intentar poner freno a la situación de ilegalidad de muchas plazas de vivienda de alojamiento turístico y las consecuencias que tiene tanto en el ámbito social como económico.

La Asociación Hostelería Compostela, Apartugali, la Asociación Galega de Inmobiliarias, la Unión Hotelera Compostela, Raigame, Barrio Xardín, Erasmus.gal y Compostela TripRental han presentado el manifiesto fundacional de la entidad, que nace con vocación de ‘observatorio’ del cumplimiento de la legalidad y como instrumento «facilitador» de que las denuncias de las irregularidades lleguen a la autoridad competente en la materia.

Carlos Debasa, presidente de Agalin y encargado de leer el documento, ha denunciado que los cálculos indican que hay más de un 80 por ciento de plazas sin legalizar en toda Galicia que se ofertan en portales ‘online’, y que no ofrecen las garantías que ampara la legislación para asegurar los derechos de los consumidores y los ciudadanos.

Las consecuencias de esta situación «son patentes y conocidas»: caída de la oferta de vivienda en alquiler, precios inasumibles para los vecinos, vaciamiento de las zonas de mayor demanda turística, tendencia a una oferta de negocios centrada en esta actividad o desplazamiento progresivo de la población, han señalado.

Esta falta de plazas de vivienda afecta, además, al modelo de ciudad que, en el caso de Santiago de Compostela, tiene un componente añadido por la comunidad universitaria. En este sentido, la plataforma se ha referido a los problemas que tienen los estudiantes y, en particular, los Erasmus que realizan su formación en la ciudad, puesto que se ven obligados a quedar al margen de la «vida social» y dificulta su integración.

CANALIZAR LAS DENUNCIAS

Los objetivos de la nueva plataforma se dirigen, específicamente, en hacer frente a los casos de irregularidades y ofrecer su colaboración a las administraciones públicas para asegurar el cumplimiento de la ley y paliar las consecuencias de esta alegalidad.

«Nada justifica que se pierda de vista la problemática social que hemos mencionado, ni que se dejen de adoptar medidas inspectoras y sancionadoras en casos de ilegalidad», han considerado.

En este sentido, se han situado como canalizadores «de toda irregularidad, casuística o estructural», hacia el Instituto Galego de Consumo, pero siempre desde «un papel constructivo» para formular y proponer alternativas y realizar aportaciones a nuevas normativas. De hecho, quieren ser uno de los actores en la mesa constituida por la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago de cara a la elaboración de la regulación y normativa municipal en esta materia.

OPOSICIÓN DE AVITURGA

A mayores de los representantes de la plataforma, dos miembros de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) manifestaron su protesta previa al inicio del acto, asegurando que no se les permitía acudir de «oyentes».

Tanto Óscar Soneira como Aina Eiras, representantes de la directiva de Aviturga, defendieron en declaraciones posteriores de los medios que ya existe una regulación de este tipo de viviendas y que ellos «persiguen» las que se encuentran en situación ilegal, lamentando que esta nueva plataforma los considere «enemigos».

A pesar de reiterar sus críticas ante esta iniciativa y tras la insistencia de los medios de comunicación, estos representantes reconocieron que ni intentaron solicitar su participación en la plataforma ni ponerse en contacto con ellos para conocer sus objetivos, aunque sí insistieron en considerarse a sí mismos como «parte importante» del sector.