El abogado Javier Coello, que representa al ex director general de la petrolera mexicana Pemex, Emilio Lozoya, ha señalado este jueves que piensa que dentro de la estrategia de defensa mantendrán el no a la extradición del exdirectivo, «la idea de no irse a México»; aunque ha asegurado que es algo sujeto «a revisión totalmente», una vez se analice con los abogados que se elijan en España.

El letrado, que ha visitado a su cliente este jueves en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, donde se encuentra desde la pasada semana tras ser detenido en Málaga, ha explicado que una vez se acuerde la defensa con un abogado en España se diseñará la estrategia «de si se va a México o peleamos aquí la extradición», apuntando que no tiene aún comunicación de la Fiscalía mexicana ni tampoco de un posible traslado de Lozoya a otra prisión.

En declaraciones a los periodistas a su salida de la cárcel malagueña, Coello ha reiterado que siempre ha mantenido la inocencia de su cliente. «Fue un instrumento, pero en su momento y ante los jueces lo tendremos que aclarar», ha manifestado, considerando que se trata de un caso «complicado».

«Ningún funcionario en México se manda solo si no es por orden del presidente de la República, hace 50 años y ahora», ha dicho el letrado Javier Coello, quien ha insistido en que: «He servido cuatro presidentes y siempre he sabido que no se hace nada sin la voluntad del presidente, sea quien sea».

El letrado ha ido acompañado por el padre de Lozoya, que también ha defendido la inocencia de su hijo, a quien está previsto que vea este viernes en la cárcel.

Respecto a cuentas congeladas, el abogado ha señalado que si ha sido así «todavía no nos lo han notificado» y ha apuntado que en amparo han ganado varios procesos al respecto, apuntando que uno de ellos es sobre el embargo de la vivienda de Ixtapa porque «no se cumplieron con los requisitos del procedimiento».

INVESTIGACIÓN

Emilio Lozoya Austin está siendo investigado en México por recibir presuntamente diez millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano. Se le imputan delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, las autoridades mexicanas habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.

El juez justificó su orden de ingreso en prisión en que no consta arraigo laboral y domiciliario en España de Emilio Lozoya, quien en su declaración ante el juez señaló que llegó al país «hace sólo dos días». En el auto se detalló que, en el momento de la detención, Lozoya viajaba en «un taxi de una empresa privada» y que como medio de identificación sólo tenía un carné de conducir mexicano falso.

El auto del juez advirtió de que esta medida de prisión provisional quedará sin efecto en caso de que en el plazo de 45 días no se presente la solicitud de extradición por vía diplomática ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Justicia. Una vez se reciba esa documentación por parte de las autoridades mexicanas, la Audiencia Nacional convocará una vista de extradición donde decidirá si se le entrega o no.

Durante este periodo, la defensa del exdirectivo de Pemex también puede recurrir ante la Sala de lo Penal la medida de prisión provisional, para que pase en libertad el tiempo hasta que se resuelva la extradición.

RELACIÓN CON EL ASTILLERO BARRERAS DE VIGO

En septiembre de 2012, Pemex y la Xunta de Galicia anunciaban la firma de los contratos para la construcción de dos floteles (uno en Barreras y otro en Navantia-Ferrol) y, algo más de un año después, a propuesta de Emilio Lozoya, el Consejo de Administración de PMI (filial de la petrolera mexicana) aprobó la compra del 51 por ciento de las acciones del astillero vigués por 5,1 millones de euros.

Esta compra, apadrinada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (en cuya agenda pública figuraron encuentros con Lozoya en 2013 y 2014), se escenificó en diciembre de 2013, en una visita de mandatarios de la empresa mexicana a Vigo. En esa visita, se anunciaron varios contratos más, que nunca llegaron a hacerse realidad (un atunero, tres ‘buques-tanque’ y otras tres unidades que tampoco se concretaron).

Más tarde, la bajada del precio del petróleo y el cambio de gobierno en México, donde el presidente López Obrador anunció la revisión de contratos y una investigación sobre la «corrupción» en la petrolera, hicieron que el astillero vigués se convirtiera en un quebradero de cabeza para Pemex.

De hecho, la estatal azteca ha trasladado su intención de deshacerse de las acciones, y recuperar los 5,1 millones de euros, así como los 8 millones depositados en garantías.