Ganadores y agricultores gallegos se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Galicia, en el marco de una movilización convocada por Unións Agrarias para exigir «un precio justo» por sus productos. En ella, el secretario general de esta organización, Roberto García, ha reclamado que se tipifique como delito el pago por debajo de costes de producción y que se impongan, por ello, sanciones.
La protesta, sin presencia de tractores y con la participación de unas 300 personas, según la Policía Local, ha discurrido sin incidencias ante la Delegación del Gobierno en Galicia, con cuyo máximo responsable, Javier Losada, se ha reunido una representación de los asistentes a la concentración.
«En la renta de un agricultor y un ganadero es muy importante los costes de producción», ha señalado, antes, en declaraciones a los periodistas, Roberto García, quien ha asegurado que en el caso del sector agrícola «el problema es de márgenes comerciales».
«Lo que paga el consumidor se reparte a lo largo de la cadena de manera desigual con intermediarios que cobran tres o cuatro veces lo que se paga al agricultor», ha expuesto señalando como ejemplo el caso de la producción de patatas, sector representado en la concentración de este miércoles. «En Xinzo –en Ourense– se pagan a 12 céntimos y en A Coruña lo vende –el intermediario– a 1,21 euros», ha señalado como ejemplo.
En cuanto al sector ganadero, ha indicado que el problema se centra, fundamentalmente, «en el uso de la leche y el pollo como producto de reclamo». Por ello, junto a la colaboración ciudadana para evitar respaldar este tipo de promociones, ha reclamado la creación en Madrid de «una mesa ganadera». «Que echamos en falta», ha añadido sobre las conversaciones ya existentes.
MESA ESTATAL Y AUTONÓMICA
Por otra parte, ha requerido a la Xunta para que convoque una mesa de negociación a nivel autonómico. «A parte de solidaridad, pedimos que legislen», ha sentenciado en referencia a sus demandas a los políticos. Al respecto, ha insistido en que la Administración gallega tiene «competencias» para abordar cuestiones que demanda el sector, entre las que ha citado la puesta en marcha de un «observatorio de precios en Galicia».
El secretario general de Unións Agrarias ha incidido, en la misma línea, en que por parte del sector de la distribución y la industria «no cumplen» el código de buenas prácticas «que las tractoradas de 2015 pusieron en marcha», por lo que ha insistido en que se sancionen determinados comportamientos. «Pagar por debajo de lo que cuesta producir tiene que ser ilegal», ha recalcado no descartando si fuese necesario más protestas con tractores.
En los mismos términos, se han pronunciado agricultores y ganadores presentes en la concentración. «Los precios de la leche son los de hace 30 años», ha asegurado Anxo Dono, quien ha expuesto que, por el contrario, pagan más «por el gasoil y los cereales». «Estamos atosigados», ha resumido María Paez. «El Estado y el Gobierno tienen un problema porque el rural, que es el que produce, lo tiene abandonado», ha apostillado.
REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO
Por su parte, tras la reunión con los representantes de Unións Agrarias, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, se ha comprometido a trasladar al Ejecutivo central las propuestas del sector y los datos aportados. «Para que aquello que necesita el ganadero, se pueda hacer».
«Casi todas las competencias son de la Xunta», ha asegurado, no obstante, el delegado del Gobierno sobre algunas peticiones. Pese a ello, ha apuntado a otras estatales como las vinculadas con «los canales de distribución o los precios industriales». En el caso de la leche, ha defendido que hay «un marco estable», sobre el que ha manifestado que «puede trabajar» el Gobierno y que así lo trasladará al Ejecutivo central. También ha insistido en la voluntad del mismo de «escuchar» a todos los sectores.
A su vez, Roberto García ha agradecido al delegado del Gobierno que pudiesen reunir con él y ha subrayado que «no llega solo con buenas intenciones». «Tenemos que ir a una formación de costes, a partir de los cuales se constituya el precio», ha enfatizado, reclamando que «no se eche» a los gallegos que están en el rural por los problemas de rentabilidad.