La Consellería do Medio Rural ha subrayado este viernes la importancia de los controles para evitar que las patatas no vendidas puedan ser transportadas fuera de las zonas infestadas con polilla guatemalteca, con el objetivo de «impedir una posible infección en las zonas libres».

Así lo ha señalado Medio Rural, que ha explicado que por medio de los inspectores en sanidad vegetal, colabora con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y con la Policía Autonómica para el control del movimiento de patata dentro de las zonas afectadas por la polilla de la parara y entre la zona infestada y la tampón, así como para la vigilancia en ferias y mercados locales.

«Una vez que ya no existe producción de patata en estas zonas, los controles se centran en vigilar que en los mercados locales no se venda patata a granel y en evitar que las patatas no vendidas puedan ser transportadas fuera de las zonas infestadas, con la intención de impedir una posible infección en las zonas libres», indica Medio Rural.

En el marco de las actuaciones, ha destacado Medio Rural, la Policía Autonómica en A Coruña y la Guardia Civil de Lugo han realizado controles de movimiento de patatas entre estas zonas. Fruto de esta colaboración, la Guardia Civil detectó dos camiones que fueron parados en un control en Ourol y que transportaban en conjunto 2.000 kilos de patatas en sacos.

«La Consellería viene desarrollando un trabajo muy serio y riguroso con la intención de erradicar esta plaga de cuarentena para que los agricultores gallegos puedan volver a producir patata en todas estas zonas en las que ahora está limitada», asegura Medio Rural.

Fruto de estas actuaciones, ha incidido el departamento autonómico, y pasados «más de dos años sin detectar capturas en todas las trampas», en enero se levantaron las restricciones de plantación en nueve ayuntamientos de las provincias de A Coruña y Lugo, lo que, subraya Medio Rural, «supuso la vuelta a la normalidad en una buena parte de las zonas anteriormente infestadas».

En concreto, se trata de los ayuntamientos coruñeses de Ares, Mugardos, Cabanas, Fene, Ferrol, A Capela y As Pontes de García Rodríguez; y los lucenses de Ourol y Abadín.

«Actuaciones como las detectadas ayer (jueves) en Ourol, van en contra de la normativa nacional», subraya Medio Rural, que cree «importante» continuar con las actuaciones conjuntas entre los servicios de sanidad vegetal y el Seprona con el fin de «impedir que se lleven a cabo actuaciones que pongan en peligro el buen funcionamiento de este plan de erradicación».