En-Colectivo, una de las asociaciones defensora de los usuarios de la AP-9 y que se han personado en el juicio contra Audasa, considera «probada» la falta de «servicios mínimos» y «óptimos» en la autopista durante las obras de ampliación del Puente de Rande.

En concreto, la concesionaria está siendo juzgada por la acusación que formuló la Fiscalía en la que asegura que se llevaron a cabo «prácticas abusivas» al mantener el cobro íntegro de la tarifa ordinaria, a pesar de las restricciones permanentes de tráfico que afectaron a la circulación de forma «relevante y constante» durante al menos tres años, entre el 27 de febrero de 2015 y el mes de junio de 2018.

Durante ese período se realizaron 77 millones de desplazamientos y se recaudaron unos 90 millones de euros por esa tasa. Estos hechos se recordaron el martes en la vista oral del juicio que se celebró en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra.

Tras la sesión, En-Colectivo considera que este proceso ha dejado «probado» las «numerosas retenciones de tráfico» que provocaron dichas obras, «sin que la concesionaria garantizase un mínimo servicio de autopista».

Además, toman como «prueba evidente» los testimonios de la Guardia Civil de tráfico, que explicaron que tuvieron que intervenir en el puente cada mañana «para hacer frente a las retenciones».

ABOGACÍA DEL ESTADO

Por otra parte, critican que la Abogacía del Estado se haya «alineado con la postura de Audasa, negando la existencia de retenciones y advirtiendo que si se dictaminase en los usuarios debieran ser indemnizados, sería el Estado el que en última instancia tendría que hacer frente a la misma».

En-Colectivo, por su parte, valora «muy positivamente» que el titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra trate de «agilizar una decisión que será de notable importancia para los ciudadanos gallegos y que puede suponer un precedente de actuación de una concesionaria ante una situación de atascos provocados por obras».