La plataforma de afectados por los parques eólicos de Galicia han denunciado «la dejadez», las «mentiras» y la actitud «laxa» de la Xunta frente a la «injusticia social» que generan los complejos eólicos como el de Mondoñedo (Lugo).

En concreto, ha sido el coordinador de En Marea en ese municipio lugués, Manuel Germade, el que ha censurado este miércoles este comportamiento que achaca al Gobierno gallego frente a la situación que sufre la vecindad de su localidad con la instalación de los aerogeneradores.

«Arruina» a los habitantes del ayuntamiento y «ataca al patrimonio público» causando también «daños ambientales y sociales», ha precisado Germade. Además, asegura que el director xeral de Minas, Ángel Tahoces, «miente cuando su obligación tendría que ser hacer cumplir la ley».

Tahoces «mintió cuando dijo que las obras del parque» no afectarían Camino de Santiago y ahora «solo hay que ver el estado» de la ruta, que «habla por si sola». Además, existen «daños ambientales» relacionados con el movimiento de los suelos o la canalización de los acuíferos.

COMPENSACIONES «RIDÍCULAS»

Por otra parte, Germade también ha argumentado que por la facturación bruta de la empresa al año, el parque se financiaría en dos ejercicios y posteriormente la ganancia de la explotación pasaría a estar en manos de la empresa durante 29 años.

Mientras tanto, las compensaciones por la expropiación de los terrenos resultan «ridículas». La empresa Norvento «paga 0,17 euros por metro cuadrado» y en la mayoría de casos se realiza un «pago único de 1.000 euros» por 31 años de ocupación.

Ante este escenario cree que el argumento de la alcaldesa, Elena Candia (PP) de que el parque «generaría puestos de trabajo» y «retorno económico» es falaz, ya que se crean cinco puestos de trabajo para todo Lugo y la facturación para la ciudadanía «es prácticamente inexistente».

«EMPRESAS AMIGAS DEL PP»

A juicio del diputado de En Marea, Pancho Casal, este es un «ejemplo del expolio del rural por parte de empresas amigas del PP» que provocan «explotaciones forzosas a precios ridículos». Una problemática que ha agudizado la Lei de Emprendemento Empresarial, que «permite explotaciones forzosas a ciudadanos» para fines sobre los que no se dictamina «el uso público».

Tacha la situación de «intolerable» y recuerda que esta ley proviene de 1954, que fue proclamada por un dictador, Francisco Franco «y la utiliza otro pequeño dictador», ha sentenciado refiriéndose al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.