La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) ha mostrado este martes su rechazo al almacenamiento de cenizas de carbón en el puerto de Marín y ha pedido que se deniegue al proyecto solicitado por Cementos Cosmos S.A.

En un comunicado remitido a los medios, la asociación informa de que presentó alegaciones en el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto para el almacenamiento de «cenizas volantes de carbón» en esta dársena.

Para la APDR, la instalación de este proyecto no tiene cabida en el puerto de Marín por no ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Puertos del Estado para las actividades permitidas en el dominio público aeroportuario.

Así, señala que se trata de una instalación de almacenamiento que ni está relacionada con el tráfico portuario existente en el puerto, ni va a generar un volumen de tráfico que justifique su presencia. Además, señala que tampoco va a prestar ningún servicio a los usuarios.

La asociación asegura, asimismo, que el proyecto presenta numerosas carencias que, de no solventarse, pueden provocar impactos ambientales. «No se especifica el tamaño de partícula de las cenizas al almacenar, por lo que no es posible saber si los filtros utilizados en el proceso de introducción de aire en los conductos de carga de los silos reúnen las condiciones necesarias para evitar la contaminación atmosférica que potencialmente se podrá provocar», avisa la entidad.

Además, la APDR advierte de que el propio proyecto presentado apunta que las aguas de lluvia que se recogerán en la instalación podrán contener lixiviados de materiales vertidos en los procesos de carga y descarga», que serán «vertidas por sumideros que conectan con la red de pluviales del puerto».

Sin embargo, la asociación asegura que «no consta el volumen previsto» de estos por lo que «no se puede valorar si la solución adoptada es la idónea para evitar los vertidos ni si la capacidad de la red de saneamiento a la que se van a derivar estos vertidos es suficiente para asumir este volumen».

Por todo ello, pide que se deniegue la autorización para la instalación en el puerto de la actividad económica solicitada por esta empresa al considerar que «incumple» la Ley de Puertos del Estado.