La Guardia Civil ha intervenido una partida de más 300 litros de aguardiente y licores de fabricación artesanal que se comercializaban de forma fraudulenta en un establecimiento público en el municipio de Mos (Pontevedra) «sin ningún tipo de etiqueta ni marcas fiscales».

Así lo ha informado el Instituto Armado, que ha explicado que la actuación, llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vigo en el marco de sus competencias específicas, ha sido como consecuencia de una inspección rutinaria que realizaron en un bar-restaurante en Mos, con el fin de comprobar el cumplimiento de la normativa fiscal y sanitaria de la mercancía que estaba dispuesta para la venta.

En el transcurso de la inspección, la Guardia Civil localizó en el bar y en la bodega del establecimiento algo más de un centenar de envases que contenían 352 litros de distintos aguardientes, una pequeña cantidad de licor café y 61 litros de vino, todo ello de elaboración artesanal, han señalado las mismas fuentes.

Según se pudo comprobar, ha apuntado la Benemérita, todos los envases, que «aparentemente estaban dispuestos para la distribución y venta a los clientes del bar, carecían de las preceptivas etiquetas y marcas fiscales que puedan determinar su trazabilidad», según la legislación vigente.

En consecuencia, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vigo procedió a la inmovilización cautelar de todos los envases que se precintaron.

Al mismo tiempo, se denunció el responsable del local por sendas infracciones administrativas: una de ellas a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, de la que es competente la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra, por carecer de las precintas fiscales y la otra a la Ley 2/2012 de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que tendrá que resolver la Delegación Provincial de Sanidade de la Xunta.

En este último caso, la denuncia tiene su origen, concreta el Instituto Armado, «en el riesgo que la venta del alcohol podría suponer para la salud pública», dado que, puntualiza, «al carecer de etiquetas comerciales se pierde la trazabilidad del producto y no se puede conocer la empresa responsable de su elaboración y distribución».