La Fiscalía reclamará a Audasa la devolución de los peajes cobrados en la zona del puente de Rande durante la realización de las obras de ampliación de la AP-9 y el pago de una indemnización que duplique el coste de los mismos en un juicio que se celebrará a partir de este martes en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra.

Según ha sostenido el Ministerio Público, que en diciembre de 2018 presentó la demanda colectiva que ha dado lugar al inicio del procedimiento ordinario, «la ejecución de unas obras entre los puntos kilométricos 145,180 y 151,080 afectó de forma relevante y constante al tráfico en la autopista, especialmente en el entorno del puente de Rande».

Además, ha señalado que esta situación «favoreció la aparición de embotellamientos y retenciones, los cuales se sucedieron de forma constante y cotidiana» durante la ejecución de las obras. Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha apuntado que «se mantuvo el cobro íntegro del peaje en todo momento» e incluso «se incrementó a partir del día 1 de enero de 2018». Así, ha remarcado que la subida del coste de los peajes tuvo lugar «tras una inauguración de las obras que se realizó el 30 de diciembre de 2017» pese a que «se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha».

Adicionalmente, la Fiscalía ha recordado que durante el periodo en el que se llevó a cabo la actuación, comprendido entre febrero de 2015 y junio de 2018, Audasa ha calculado que tuvieron lugar «77 millones de tránsitos» en la zona, así como que los vehículos ligeros generaron uan recaudación cercana a los 90 millones de euros.

«PRÁCTICA ABUSIVA»

El Ministerio Fiscal ha considerado como una «práctica abusiva» el cobro íntegro del peaje por parte de Audasa «pese a tener completa constancia» de que no se puede prestar el servicio en condiciones «normales». Por este motivo, demandará que se declare «nula» la práctica consistente en «cobrar íntegramente el peaje» de la autopista «sin moderar o eliminar su importe» cuando no se pueda prestar el servicio «en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y/o seguridad del tráfico».

Asimismo, durante el juicio, el Ministerio Público reclamará que se condene a Audasa cesar actuaciones similares que pueda llevar a cabo y a no realizarlas en el futuro. También abogará por que la concesionaria de la Autopista del Atlántico reintegre a los usuarios los importes de los peajes abonados durante la realización de las obras y los intereses generados desde esa fechas, así como que asuma el pago de una indemnización «consistente en el doble del importe del peaje».

La asociación En-Colectivo, que se ha adherido a la demanda colectiva, también exigirá a la concesionaria de la AP-9 la devolución de los peajes cobrados durante la realización de las obras y el interés generado hasta la fecha, que, según ha calculado la entidad, suponen un importe de unos 200.000 euros.

DEMANDA COLECTIVA

En concreto, el procedimiento se inició después de que, en diciembre de 2018, la Fiscalía de Pontevedra presentase una demanda colectiva que fue admitida a trámite por el juzgado días después.

Posteriormente, en septiembre de 2019, Autopistas del Atlántico se opuso a la misma mediante un escrito en el que argumentó que la afección al tráfico durante la ejecución de los trabajos era «ineludible», y que hubiera sido «más fácil y menos costoso si las obras se hubieran ejecutado cerrando la autopista al tráfico».

No obstante, la concesionaria aseguró que cumplió todas las «obligaciones» que había asumido en esa actuación. También defendió que la ejecución de una «obra de interés público» no se debe calificar como «práctica abusiva» y que tampoco se le puede responsabilizar de haber incumplido su contrato con los usuarios de la autopista.

Audasa también subrayó la existencia de una vía alternativa libre de peaje (mediante la utilización de la N-550 y la N-554), pese a la que los usuarios «optaron libremente y con pleno conocimiento de la existencia de las obras» por circular por el puente de Rande.

PERSONACIÓN DEL MINISTERIO

Mientras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado recientemente personarse en la causa, petición que ha sido aceptada y trasladada a las partes para que presenten las alegaciones que consideren correspondientes por el juzgado.

Como consecuencia, el Ministerio Público ha presentado un recurso de reposición contra la resolución que acuerda tener por personada a la Abogacía General del Estado en la causa al entender que la misma «se ciñe estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios».

Por su parte, En-Colectivo ha criticado que la Abogacía del Estado haya solicitado personarse en la causa «a escasos días del inicio de la vista principal» –la petición se notificó el pasado 28 de enero– y ha considerado «precluído el trámite» dada «la fase del procedimiento judicial». Además, ha denunciado que el Gobierno haya argumentado en su escrito de personación que Audasa «ha cumplido como concesionaria, no habiendo vulnerado norma alguna de contratación pública».