El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha salido al paso de las críticas que vinculan la personación de la Abogacía del Estado en el procedimiento por un supuesto cobro indebido de peajes a un presunto alineamiento con las tesis de la concesionaria Audasa, y ha precisado que los informes elaborados por los servicios de la Dirección General de Carreteras responden «estrictamente» a juicios técnicos.

Así lo ha trasladado en un comunicado en el que recalca que dichos informes, así como las declaraciones, «cuando se produzcan», no se encuadran «en ninguna actitud política», algo «impensable dentro de un procedimiento judicial».

«Tampoco responden a una posible defensa de la concesionaria Audasa. Estamos completamente de acuerdo en que se le exijan responsabilidades en caso de que hubiera obrado incumpliendo la normativa o de sus obligaciones y es nuestra obligación exigírsela», han detallado fuentes del ministerio.

Este departamento ha defendido su trabajo «desde el primer momento» para «endurecer el control a las sociedades concesionarias», y ha expuesto, como prueba de ello, el endurecimiento del régimen sancionador que les es aplicable.

Así, añade el ministerio, se ha introducido en el Real Decreto Ley 18/2018 la tipificación de una nueva infracción muy grave «para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando éstas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios», una medida que tiene carácter retroactivo.

CRÍTICAS

El ministerio ha hecho esta aclaración tras conocerse, a pocos días de que se celebre el juicio por el cobro de peajes durante las obras del puente de Rande (tras una demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía, a la que se ha adherido la asociación EN COLECTIVO), que la Abogacía del Estado se ha personado en el procedimiento.

La Fiscalía ha expresado su rechazo a esta personación porque la causa «se ciñe estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios».

Asimismo, también EN COLECTIVO ha criticado esa decisión de la Abogacía del Estado, y comparte los argumentos de la Fiscalía, al tiempo que lamenta que el Estado «apoye las tesis de la concesionaria».

Por otra parte, tanto la Xunta como el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, han expresado también su disconformidad con esa decisión. Así, mientras que para el regidor es «un error», el gobierno gallego considera «difícil de entender» que el Ejecutivo se haya posicionado «al lado de la concesionaria» y «en contra de los usuarios».

El juicio por el supuesto cobro abusivo del peaje durante la ejecución de las obras de ampliación del puente de Rande, que provocaron atascos y otros inconvenientes, se celebrará a partir del 11 de febrero en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra. Tanto la Fiscalía como EN COLECTIVO reclamarán la devolución de los importes cobrados, así como indemnizaciones.