Los informes en los que se ha basado la Xunta para la negativa al proyecto de reapertura de la mina de cobre en los municipios de Touro y O Pino (A Coruña) detectaron la afectación a ocho cursos fluviales, así como una posible incidencia en los animales –de una zona de especial protección agraria–, unido a «un riesgo muy elevado» para las poblaciones y el medio ambiente en caso de catástrofe.

Así figura entre las conclusiones de las 15 páginas de la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa emitida por la Consellería de Medio Ambiente respecto al proyecto de Cobre San Rafael.

En el informe final emitido por Augas de Galicia en diciembre de 2019, se identifica las «afecciones directas» a ocho cursos fluviales «relacionadas directamente con el proyecto de explotación». Avisa de «profundos cambios morfológicos, de los usos del suelo» y de los balances del agua aportada y devuelta al medio natural.

Estos cambios darían lugar a alteraciones en las cuencas, unido a «una alteración sustancial» de corrimientos de tierras. Por ello, se advierte de «importantes variaciones en el comportamiento hidrológico» derivadas de la «elevada» demanda de agua de la actividad minera.

A esto se suman diversas pegas que pone Augas al proyecto como un «incorrecto» dimensionamiento de la piscina estériles –materiales sin valor económico que se extraen para la explotación, como rocas y vegetación– daría lugar a un vertido con un impacto ambiental no valorado.

El riesgo de afección a las aguas «se mantendría más allá del fin de la explotación», mientras no se valoran los puntos de vertidos por lluvias a ríos ni se esclarece la gestión de las aguas en la fase de clausura, sin medidas fijadas en el caso de la llegada de aguas contaminadas a la balsa.

Por su parte, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural expone que el promotor no analiza «la probabilidad de afección» a la Zona de Especial Conservación del sistema fluvial Ulla-Deza, con riesgos como la aparición de contaminación en aguas subterráneas.

RIESGO PARA ANIMALES

Entre los informes, la Dirección Xeral de Gandaría apunta a «una posible repercusión en la ganadería» en una zona especialmente productora. Refleja las repercusiones de las voladuras y la contaminación por polvo «en el bienestar animal», además de pérdida de aguas de suministro.

La Dirección Xeral de Saúde Pública descartó riesgos para el medio ambiente de los productos químicos empleados en la planta de tratamiento, pero centra su riegos en el manejo y en la prevención de riesgos laborales. Además, detecta «riesgos radiológicos», así como molestias por las voladuras y «presión sonora» y en la calidad del aire durante la operación.

SIN RESPUESTA ANTE UNA CATÁSTROFE AMBIENTAL

Por todo ello, esta declaración firmada por la directora xeral de Calidade Ambiental, María Cruz Ferreira, resuelve una DIA desfavorable porque la reactivación minera en Touro «va a suponer una nueva presión sobre los sistemas fluviales y aguas subterráneas» y «sin que se garantice que no se va a producir un nuevo impacto negativo sobre el ciclo hídrico».

Asimismo, se deja patente que el proyecto «no da respuesta completa» a las medidas a adoptar ante un accidente ambiental, pues se limita a «justificar que el suceso no se producirá». «Por consiguiente, en caso de materializarse un escenario de riesgo, no se puede garantizar la actuación proyectada no produzca una grave afectación a los valores naturales de la zona ni un perjuicio a la integridad de la Zona de Especial Conservación del sistema fluvial Ulla-Deza», agrega la Xunta.

El pasado 28 de enero la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ya anunció el sentido negativo de esta DIA porque «no se garantiza la sostenibilidad ambiental».

OTRAS CONSIDERACIONES A LAS CONSULTAS

En el texto se recoge la opinión de diferentes organismos y entidades. La Xefatura Territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria aseguraba que el proyecto «se ajusta básicamente a lo exigido por la legislación vigente».

El Instituto de Estudos do Territorio no observa un impacto «especialmente intenso» sobre el paisaje, al tiempo que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no ve afección ni al trazado ni al ámbito de protección del Camino de Santiago. Con todo, este último organismo requiere medidas de control arqueológico.

El Ayuntamiento de Touro señaló en un primer informe de 2017 que había «deficiencias» en cuestiones como distancias mínimas, drenaje ácido, captaciones de aguas, depósito de estériles. En un segundo informe defendía que era compatible con la zona, a pesar de ser de especial protección agraria y forestal.

El Ayuntamiento de O Pino indicaba en 2017 la necesidad de completar el proyecto en aspectos como controles de la calidad del agua y el plan de restauración, aunque ya en 2019 afirmaba que «en líneas generales» se cumplen los requisitos.

El Instituto Geológico y Minero de España pedía «intensificar» el estudio hidrogeológico y el funcionamiento del estanque de aguas.

La Dirección Xeral de Ordenación Forestal resaltaba en un informe de 2018 que la explotación minera «no resulta compatible» con el suelo rústico de especial protección forestal, pero en octubre de 2019 emitió «de nuevo el informe indicando que es favorable».

Finalmente, la Federación Ecoloxista Galega y la Sociedade de Historia Natural mostraban su rechazo a esta iniciativa y alertaron de sus peligros.