La Mesa del Congreso de los Diputados ha calificado esta semana una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la asociación ‘Hablamos Español’ con la que, según dice, busca «garantizar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes» en todo el territorio y, especialmente en los ámbitos de la educación y la administración. En la normativa se recoge que los funcionarios no tengan la obligatoriedad de conocer las lenguas cooficiales, como es el caso del gallego en Galicia.

La Cámara baja ha dado, así, luz verde a que ‘Hablamos español’ comience su campaña para recoger las 500.000 firmas necesarias para que el texto pueda iniciar el trámite parlamentario. Para ello, tiene un plazo de nueve meses, según la normativa que regula este proceso.

No es el primer intento de ‘Hablamos español’ con este texto, ya que en 2017 también lo presentó ante el Congreso. Entonces no consiguieron las firmas suficientes en plazo. «Pero esta vez sí que lo conseguiremos, es el momento», han explicado a Europa Press fuentes de la organización.

Con esta ley, los impulsores buscan «blindar» estos derechos lingüísticos, de manera que «existan líneas de enseñanza en castellano en cualquier lugar del país, que todas las personas puedan ser atendidas en la lengua común por parte de las administraciones públicas y que se eliminen las trabas y prohibiciones que en la actualidad discriminan a los hispanohablantes en cada vez más comunidades autónomas».

El texto, señala, gira sobre el principio de libertad de elección de lengua, garantiza la igualdad de trato entre todos los ciudadanos españoles y facilita «su verdadera y eficaz libertad de elección de residencia y de circulación por todo el territorio nacional».

En materia de administración, la ley recoge que la información o señalización debe estar en formato bilingüe en aquellas comunidades con dos idiomas oficiales, al igual que las notificaciones, informes o certificaciones cuyo procedimiento inicie de Administración. Cuando sea el ciudadano quien solicite un trámite, se hará en el idioma en el que lo haya solicitado.

EXENCIÓN PARA ALUMNOS QUE CAMBIEN A CC.AA CON IDIOMA COOFICIAL

Además, el texto señala que «no será necesario que todos los empleados públicos conozcan la lengua cooficial con el castellano en el territorio en el que presten sus servicios», sino que bastará con que la Administración organice sus recursos humanos para que se pueda garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley.

En educación, por su parte, se incluye que sean los padres quienes elijan la lengua oficial en la que sus hijos reciban la enseñanza mientras sean menores de edad. A partir de los 18 años, indica el texto, ejercerán por sí mismos el derecho de elección de lengua vehicular.

Además, quieren que los alumnos que se incorporen al sistema educativo de una autonomía con dos idiomas oficiales, en el último ciclo de primaria o Bachillerato, queden exentos de calificación en la materia específica de esa lengua durante, al menos, tres cursos académicos. ‘Hablemos español’ propone, sin embargo, que acudan a clase para poder seguir cursando la asignatura tras este periodo.

UNA LEY QUE NACE DE LAS QUEJAS

Tal y como señala la asociación, esta iniciativa nace de las quejas y consultas que han recibido desde su creación y que recogen denuncias acerca de «la imposición de lengua».

En su mayoría, según explican, «son padres de escolares privados del derecho a estudiar en su lengua materna, ciudadanos que ven cómo su lengua es borrada del ámbito oficial, familias que ven dificultada su movilidad dentro del país por la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en español, profesores que no pueden optar a una plaza en las comunidades bilingües, o profesionales de la medicina y de otros ámbitos a los que se restringe su acceso a la función pública».

Desde la asociación ha explicado que su intención es reunirse con aquellos partidos que así lo quieran y contarles «la verdad de lo que está ocurriendo en las aulas» y sobre que hay gente que «no puede trasladarse de comunidad por esta situación». «La calidad democrática está mermada cuando desaparece el idioma oficial común de los sitios oficiales», han lamentado.