El PSOE de Ourense ha acusado a la Diputación provincial de adjudicar 160 contratos menores de obras, servicios y suministros «a dedo» para cuatro empresas.

En concreto, los socialistas se han referido a que «solo estas cuatro empresas facturan alrededor de 7 millones en obras menores en los últimos dos años».

Así lo ha manifestado este jueves el portavoz provincial socialista, Rafael Rodríguez Villarino, que ha hablado de «un total de 160 obras» en los últimos dos años por parte de estas empresas y ha criticado que «la propia ley establece que solo son posibles dos contratos menores en la misma anualidad».

Villarino ha apuntado que el ente provincial «viola» la Ley de contratos del servicio público y ha aludido, en concreto, a «por lo menos 15 obras menores superiores a 40.000 euros, el límite que establece la legalidad, y «hasta 10 contratos de servicios superiores a 15.000 euros, el otro tope fijado».

CONSELLO DE CONTAS

En este sentido, el portavoz socialista ha confirmado que el PSOE va a «denunciar los hechos» y entregar toda la documentación de la que disponen al Consello de Contas de Galicia.

La formación socialista apuesta por llevar a cabo en los ayuntamientos en lo que están gobernando proyectos superiores a 40.000 euros, con el fin de «favorecer la contratación abierta y evitar sospechas de contrataciones a dedo».

Villarino también ha pedido que «se investigue cuál es el vínculo del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, con estas cuatro empresas».

El portavoz socialista ha incidido, además, en que «casi todas las obras se adjudican sospechosamente por un mismo importe» cuando se trata de obras de «naturaleza completamente distinta».

«FRAUDE DE LEY»

Por su parte, el diputado socialista Ignacio Gómez ha criticado que a medida que la legislación estatal fue reduciendo el importe máximo de estos contratos menores, el número de contratos por empresa de esta Diputación «aumentaba».

Además, el diputado ha señalado que «algunas adjudicaciones son claramente un fraude de ley, porque fueron otorgadas por importe de 40.000 euros exactos cuando la ley dice claramente que deben ser inferiores a esa cantidad.