El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha reiterado que el Gobierno gallego estará «a la altura» y volverá a implicarse para encontrar una solución que favorezca la viabilidad de Emesa y que la empresa pueda mantener su actividad en Galicia.

Así lo ha trasladado en respuesta a dos preguntas formuladas, respectivamente, por la diputada Luca Chao, del Grupo Común da Esquerda, y José Luis Rivas ‘Mini’, del BNG.

Chao ha acusado a la Xunta de tener «responsabilidad directa» de la situación de una empresa que era «puntera» en producción eólica y que tuvo un papel «decisivo» en la industrialización de A Coruña, pero que pasó de más de 300 trabajadores a los 84 actuales que llevan «desde septiembre sin cobrar», a punto de entrar en un ERE Temporal.

El diputado del Bloque, por su parte, ha denunciado el «pelotazo de libro» ejercido por esta gestión empresarial y por el «desprecio constante» a los trabajadores, fruto de un «capitalismo sin control» que el PP se empeña en «pregonar a los cuatro vientos».

Conde ha acusado a la oposición de presentar una visión «parcial» de los hechos, y ha defendido que la Xunta ha estado tanto «al lado de los trabajadores» como del administrador concursal, que debe presentar un plan de viabilidad.

En este sentido, ha asegurado que desde el Gobierno gallego trabajarán para identificar los instrumentos adecuados que permitan mantener la actividad de ella empresa, como han estado junto a otras en situación crítica como Clesa o Fandicosta, entre otras.

«Hay coherencia de gobierno», ha defendido, mientras reprochó a la oposición que todavía está esperando que traigan a la Cámara «la situación de Alcoa», de As Pontes o de las «80.000 familias que dependen de Ence en Galicia».

Finalmente, ha culpado a la Agencia Tributaria de ser el «origen real» de la situación concursal de Emesa, puesto que mantiene abierto un acta por responsabilidad de la antigua Isolux y exige un aval de cuatro millones «que ya tenía cubierto». Ese acta, ha añadido, «limita la capacidad de contratación» de la compañía, con un Gobierno central «inflexible» al respecto desde 2018.