La CIG ha acusado este lunes al Partido Popular de «profundizar en la visión de la mujer como madre y cuidadora» con la futura ley de impulso demográfico, que «en ningún momento» habla «de corresponsabilidad ni de coeducación para que los cuidados sean realmente cosa de todos y de todas».
Así ha cargado la secretaria de Organización de la CIG, Susana Méndez, contra este anteproyecto normativo que llevará la Xunta al Parlamento. «Se vende como una ley pionera, como una oportunidad, una solución para la cuestión demográfica pero que realmente no pasa de declaraciones de intenciones y con medidas de poco calado», ha denunciado en una rueda de prensa en la que también han participado el secretario de Políticas Sociais, Antonio Mera, y el de Política Institucional, Miguel Malvido.
Así, Méndez considera que el anteproyecto «deposita sobre las mujeres la carga de ser las que tengan que frenar el declive demográfico teniendo hijos» y las únicas que pueden beneficiarse de «la conciliación».
Además, ha criticado que las ayudas que se recogen para el acceso a la educación de los niños de cero a tres años son «la demostración evidente» de que la Xunta «hace dejadez de funciones para favorecer la iniciativa privada». «Subvenciona plazas en escuelas y guarderías privadas» mientras la creación de nueva oferta pública «no es una prioridad», ha lamentado.
Susana Méndez también ha cargado contra la «desvalorización» del trabajo de los cuidados que se evidencia, a su modo de ver, en la normativa, puesto que «recoge la figura del voluntariado» para la realización de esta tarea. Por ello, la organización reclama «revalorizar» el trabajo y «profesionalizarlo» para darles unas «condiciones de jornada y salario mínimo que hoy en día no tienen».
A todo ello suma la CIG las «mínimas» medidas concretas para paliar el descenso de los nacimientos. «Nadie decide tener hijos porque le rebajen los peajes en las autopistas ni porque le pongan cambiadores en todos los baños», ha añadido.
ALEGACIONES SECTORIALES
Frente a todo ello, la CIG ya ha presentado alegaciones a la normativa a través de sus representantes en el Consello Económico e Social (CES) y, tal y como ha avanzado su secretario de Política Institucional, presentarán otras alegaciones sectoriales a través de sus delegados en la administración pública y en la sanidad, entre otros.
Malvido ha centrado sus críticas a esta ley en la materia de la emigración, ya que «no hace incidencia en las condiciones económicas y sociales» que lleva a los jóvenes a «buscarse la vida en otros lados». Según sus números, las políticas del PP al frente de la Xunta, que dejan «sin empleo estable» a este sector de la población, provocaron que desde 2010 los habitantes en Galicia entre los 29 y los 39 años fuesen disminuyendo «cuatro veces» más rápido que la media estatal.
En cuanto a la emigración, el secretario de Políticas Sociais de la CIG, Antonio Mera, ha señalado la «precaridad laboral» y los «bajos salarios» como principales causas que «expulsan a miles de personas» de la Comunidad y no ha pasado por alto que la ley «no recoge medidas específicas» para fijar población en el rural.
PLAN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
Además, Malvido ha reclamado un plan gallego de política industrial, un sector que «bajó» su peso en la economía mientras que el de los servicios «creció». Para el desarrollo de este plan, ha insistido en la necesidad de las medidas recogidas en una iniciativa legislativa popular (ILP) que ya presentó el sindicato en el Parlamento autonómico pero que fue tumbada con los votos del PPdeG, que la consideró «demagógica».
Finalmente, la secretaria de Organización del sindicato nacionalista ha hecho referencia al conflicto del cierre del paritorio del Hospital de Verín (Ourense), que precisamente reabre este lunes, para evidenciar que «solo con movilización» se consigue «frenar las políticas regresivas y antinatalidad» de la Xunta.
