El plan de prevención de la corrupción con el que se dotará de forma interna el Consello de Contas, que servirá de modelo para el resto de las administraciones gallegas, estará listo en «próximas fechas».

Así lo ha avanzado este viernes en comisión parlamentaria el conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, quien ha explicado que «se comienza por la propia casa» en la prevención de los riesgos de la corrupción para «después el modelo trasladarlo a otras administraciones».

Además, Redondo ha explicado que próximamente comparecerá en la Cámara para desgranar el diagnóstico sobre la prevención de riesgos de corrupción en la Xunta, que fue avanzado el pasado 23 de diciembre, y en el que situaba en un nivel «medio» la implantación de medidas por parte del Gobierno gallego, al tiempo que se sugería implantar un comité de ética.

Entre otras cuestiones, en su comparecencia, también ha avanzado que las unidades didácticas para fomentar el comportamiento ético entre escolares entrarán en funcionamiento en el curso 2020-21.

MEMORIA DE 2018

El conselleiro maior ha dado cuenta de la memoria anual de actividades de 2018, así como de diferentes informes ya conocidos el pasado mes de julio relativos a la Conta Xeral de la Comunidad de 2017, el Sergas y Povisa, entre otros.

En concreto, ha informado de que en 2018 se recibieron 20 denuncias en Contas, de las cuales 11 se archivaron, tres no fueron admitidas y las seis restantes se incorporaron al plan de trabajo. También ha explicado que, derivados de sus informes, se elevaron dos procedimientos al Tribunal de Cuentas, órgano que decide si se «abre camino de enjuiciamiento».

Junto a esto, el conselleiro maior ha llamado la atención sobre que 28 entidades instrumentales no remitiesen datos a Contas para su evaluación.

Asimismo, en los informes ya conocidos, Contas vuelve a pedir al Sergas que regule los conciertos que se mantienen «sin soporte contractual adecuado». Además, cree que las modificaciones presupuestarias deben reducirse a las estrictamente necesarias para «no desvirtuar su carácter excepcional».

Y es que, conforme indica en este informe publicado en julio, a través de estas modificaciones de los presupuestos del Sergas se financia la cobertura de necesidades con «consignaciones insuficientes» pero que eran conocidas en el momento de la aprobación del presupuesto. Entre ellas, destaca especialmente el gasto farmacéutico y el gasto por intereses.

EL 24% DE LAS RECOMENDACIONES NO SE ACEPTAN

Sobre el análisis del seguimiento de las recomendaciones de Contas entre 2012-2016, las administraciones no aceptan el 24% de las recomendaciones que emite «por discrepar del criterio» del Consello. Dentro de las aceptadas, se están aplicando total o parcialmente el 91%.

Con todo, ha subrayado que la comisión mixta de colaboración con el Gobierno gallego está «allanando el trabajo que está haciendo el Consello de Contas», pues, en vez de que las recomendaciones sean «un diálogo de sordos», ahora se permite «reflexionar» con la Xunta para mejorar «poquito a poco» diferentes aspecto.

VISIÓN DE LOS GRUPOS

Durante el debate, Julio Torrado (PSdeG) ha alertado de la gravedad de que 28 entidades no se sometan a ejercicio de auditoría pública. «Y no pasa nada», se queja.

A renglón seguido, ha reprochado que el Sergas presupueste «mal» de forma «sistemática» determinadas partidas que después se «duplican», pues «se presupuesta menos para decir que en eso se gasta menos», como en el gasto farmacéutico.

El diputado socialista también ha lanzado la petición de que se haga un análisis comparativo para saber «si es más eficiente» la gestión pública o concertada en temas como las residencias de mayores.

Por su parte, Noa Presas (BNG) ha lamentado que el hecho de que el 24% de las recomendaciones no se vayan a cumplir «deja en pañales» a la Xunta, con incumplimientos en «asuntos delicados» como fraccionamiento de contratos en consellerías como Medio Ambiente e Infraestruturas.

Asimismo, la diputada nacionalista ha puesto el foco acerca del reciente aviso de Contas al Gobierno gallego de que «no hizo nada» sobre prevención de la corrupción.

En su toma de la palabra, Julia Torregrosa (Común da Esquerda) censura que las recomendaciones de Contas «no tienen ninguna repercusión en la Xunta». Sostiene que el grado de cumplimiento es «directamente proporcional» al número de informes que emite.

Tras quejarse de que «la mayor parte de recomendaciones se repiten año tras año», se pregunta «para cuándo competencias sancionadoras en el Consello de Contas».

Pancho Casal (Grupo Mixto) ha lamentado que las recomendaciones de Contas son «desatendidas o ignoradas» por el Gobierno de Galicia de forma «reiterativa» sin que tenga consecuencias «reprobatorias», con problemas «verdaderamente espeluznantes».

En contraposición, Cristina Romero (PPdeG) ha asegurado que estos informes de Contas sirven para verificar que la Xunta «gestiona de forma veraz, fiable y responsable».

La diputada popular también se ha quejado ante la oposición que analicen cuestiones presupuestarias «cuando quieren birlar 370 millones de euros», en alusión a la deuda que reclama la Xunta al Gobierno central.