La vista previa al juicio derivado del proceso iniciado por el Estado el pasado mes de julio para reclamar a la familia Franco la propiedad del Pazo de Meirás será este viernes, día 31, a las 10,00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La audiencia tiene como objetivo «intentar alcanzar un acuerdo o transacción entre las partes», además de examinar «las cuestiones procesales» que puedan impedir el seguimiento del proceso y fijar «con precisión» el objeto del pleito.

«Y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia», según un auto del juzgado. Además, durante la audiencia se podrá proponer y admitir prueba y examinar «las cuestiones que, con carácter excepcional, la ley prevé que puedan plantearse».

A las partes, se les ha dado también la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, «incluido el recurso a una mediación», debiendo informar en la mencionada audiencia de su decisión.

PROCEDIMIENTO

El Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco, fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito –PSdeG y BNG– en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público.

En junio del pasado año, la Cámara gallega recibió el dictamen de este órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.

Un año después, a inicios del presente mes de julio, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco en los juzgados da Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás.

La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil.

En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue «fraudulento», porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular. En la causa también está personada la Xunta y el Ayuntamiento de Sada.