La Xunta ha rechazado el proyecto de la mina de cobre de los municipios coruñeses de Touro y O Pino, ya que «tal y como estaba redactado no se garantizaba la sostenibilidad ambiental».
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha informado de que este martes se ha firmado una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa, tras haber dos informes «desfavorables» e «insalvables» de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia.
Así, ha detallado que los informes técnicos recogen la afectación del proyecto minero en la «calidad de las aguas» de los municipios de O Pino y Touro, al tiempo que «si hay un desastre» no se garantiza la protección de una zona de especial conservación (ZEC).
Y es que un estudio solicitado a Augas de Galicia concluye que la actividad minera aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, con el consecuente riesgo para un estado ecológico óptimo.
Ahora, esta declaración ambiental negativa es trasladada a la Consellería de Industria para que se ponga fin al proyecto. Además, se ha dado aviso a los alcaldes de Touro y O Pino (ambos populares). Con todo, Ángeles Vázquez ha explicado que la vía que le queda a la minera, «como todo promotor», es la de «recurrir al contencioso».
RECHAZO SOCIAL
El proyecto para la reapertura de la mina de Touro se encontró con fuerte rechazo social desde sus comienzos, con la puesta en marcha de una activa plataforma vecinal, unido a múltiples movilizaciones en la comarca.
A preguntas de la prensa sobre si estas protestas han influido en la negativa del Gobierno gallego, la conselleira ha dejado claro que «en absoluto», porque «lo que prima es única y exclusivamente los informes de los técnicos». «En ningún caso pesa ninguna manifestación, solo faltaba, porque si no estaríamos todos vendidos», ha agregado.
Hace unos años la Xunta también denegó otro polémico macroproyecto minero a cielo abierto, el de Corcoesto, en el municipio de Cabana de Bergantiños (A Coruña), si bien en aquel caso fue por razones financieras y técnicas.
PROYECTO
Atalaya Mining (que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza) y Explotaciones Gallegas (propietaria del terreno, que extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes) son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que impulsa la explotación de unas 700 hectáreas de superficie.
En mayo de 2017 se presentó ante la Consellería de Industria el proyecto, mientras en octubre de 2018 comenzó el procedimiento ambiental, que ahora concluye con una valoración negativa. En la exposición pública la Xunta recibió unas 1.200 alegaciones.
Recientemente, la compañía Cobre San Rafael ha cifrado en 7,5 millones de euros la inversión realizada hasta el término de 2019 para la reapertura, con años en los que se han realizado centenares de prospecciones. El objetivo era invertir unos 200 millones en 15 años, con la creación de unos 400 empleos directos, según estimaciones de la empresa.
En cambio, colectivos ecologistas informaron en los últimos meses de que Augas de Galicia había abierto un expediente sancionador por un «vertido no autorizado susceptible de alterar la calidad del agua» al arroyo Brandelos, afluente del río Ulla.
Además, denuncias fueron trasladadas al juzgado sobre las filtraciones de agua de la antigua explotación minera que funcionó en la localidad coruñesa hasta finales de la década de los 80 y en la que se asentaba, en parte, el proyecto de Atalaya Mining.
