La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que, aunque la línea de trabajo de su Ministerio va a ser el diálogo social, la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido de un trabajador por acumulación de bajas médicas aunque estén justificadas «no es un asunto negociable».

«Cuando hay vulneración de derechos fundamentales no se puede negociar nada», ha subrayado la ministra en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Díaz ha afirmado que los agentes sociales ya conocen esta decisión, que el Real Decreto-ley que anulará este artículo, derivado de la reforma laboral de 2012, ya está listo y que el Consejo de Ministros lo aprobará con rapidez.

La ministra ha explicado que trabajará desde el diálogo social, aunque ha señalado que es consciente de que en algunos momentos el debate se cerrará sin acuerdo.

No ha sido el caso del salario mínimo interprofesional (SMI), que subirá este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, a 950 euros mensuales después de que Gobierno, sindicatos y empresarios alcanzaran ayer un acuerdo para elevarlo un 5,5% respecto a la cifra de 2019 (900 euros mensuales).

Díaz ha destacado que este acuerdo ha sido «un éxito del Gobierno de España», no de Unidas Podemos, porque en el Ejecutivo, ha dicho, «no hay camisetas» de según el partido al que se pertenezca. «Somos un equipo», ha subrayado la ministra, que también ha agradecido a los agentes sociales que hayan cedido en sus posiciones para lograr el acuerdo.

También ha dejado claro que el compromiso del Gobierno es situar el SMI en el 60% del salario medio, un objetivo al que no va a renunciar y con el que se daría cumplimiento a la Carta Social Europea.

PROTEGER A LAS EMPLEADAS DEL HOGAR

Preguntada por los efectos de la subida del SMI en el empleo doméstico, la ministra ha señalado que hay actividades que tienen tendencia a «sumergirse» en la ilegalidad, pero ha insistido en que si se contrata personal doméstico «hay que cumplir la legalidad».

«Si alguien opta por contratar a una persona para las tareas del hogar, tiene que cumplir con toda la legalidad. Y si no, tendrá que optar, como hace mucha gente, por que las tareas del hogar nos las hagamos corresponsablemente en nuestras casas», ha defendido.

En todo caso, la ministra ha subrayado la necesidad de avanzar en la protección de las empleadas de hogar, por lo que ha considerado «urgente» que el Gobierno español ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores domésticos.

«No se puede entender que las trabajadoras del hogar carezcan de protección por desempleo», ha afirmado la ministra, que ha insistido en que las empleadas domésticas «tienen que estar protegidas».