La conselleira do Mar, Rosa Quintana, y las cofradías gallegas reclaman al nuevo Gobierno central «seguridad jurídica» en el reglamento que prepara para la Ley de Costas, con el fin de que no se vea afectada la «cadena mar-industria» de la Comunidad.
En declaraciones a los medios tras sellar convenios para el funcionamiento de las cofradías, Rosa Quintana ha señalado que «desde abril de 2019» se ha trasladado al Ejecutivo central que la modificación del reglamento de la ley de Costas «transmitía mucha inseguridad jurídica» a todos los establecimientos fundamentales» en esta industria.
Al respecto, censura que «ataca directamente a la línea de flotación del sector», con la posible afectación sobre «unas 100 empresas», como depuradoras, conserveras y cocederos. Una problemática que incide en «toda la producción de mejillón, almeja o berberecho».
«Si estas empresas no tienen la suficiente seguridad jurídica para continuar con su actividad aquí en Galicia, se vería seriamente comprometida la posibilidad de poner en el mercado los productos de todos los mariscadores», avisa la conselleira.
Por ello, demanda a la nueva vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que «tenga en cuenta a las necesidades de este sector de la cadena mar-industria para que le dé seguridad jurídica». Además, deja claro que está «acreditado» que estas tareas «no suponen ningún daño para el medio ambiente», pero «sí mucha riqueza para las zonas costeras».
«ESTACAZO DEFINITIVO»
Quintana alerta de que si sale adelante este reglamento puede ser el «estacazo definitivo» para el sector gallego, ya que una empresa «no puede estar decidiendo si va a invertir o no en Galicia en función de que se pueda cambiar una norma que, de repente, le cambie el tablero de juego».
«No se puede consentir que cada vez que tengan que solicitar un prórroga vuelvan a presentar toda la documentación que presentaron en un primer momento para tener esa concesión; porque eso lo que significaría sería más carga burocrática para el sector y menor seguridad jurídica», critica la titular de Mar.
«No se puede tener una previsión de que vas a tener una concesión por 75 años y, de repente, que esa concesión se vea minorada a uno, tres, cinco, 15 años», prosigue en su argumentación.
Además, ha hecho referencia al estudio realizado en su día por el Instituto de Estudos do Territorio de que «más de 5.000 edificaciones» estarían «expuestas» en la costa gallega, como centros de salud, colegios y diferentes EDAR. «Un golpe difícil de entender para todos los vecinos que viven en zonas costeras», opina.
LAS COFRADÍAS PIDEN ‘SENTIDIÑO’
Por su parte, el presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, ha subrayado la importancia que tienen para el sector extractivo las depuradoras y conserveras, de forma que «si se acaba una cosa se va a acabar la otra».
Explica que en la última reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, este «dijo que era un borrador, que todo se iba a arreglar, pero de momento parece que va empeorando el tema». De tal forma, apela a que «hagan las cosas bien y con ‘sentidiño».
CONVENIO
En otro orden de cosas, la conselleira do Mar ha firmado este miércoles los convenios anuales con las cuatro federaciones de cofradías existentes en Galicia -la gallega y las tres provinciales– para el funcionamiento de los 63 pósitos, que cuentan con un apoyo presupuestario de la Xunta de 336.000 euros. Así, se busca respaldar el funcionamiento diario para la contratación de personal o alquileres.
A estos acuerdos se sumarán próximamente otros, por importe de 75.000 euros, para la implantación de mejoras tecnológicas y la organización de cursos y jornadas, entre otras materias.
«Las cofradías de pescadores son más antiguas en Galicia que la propia Xunta de Galicia, vienen acreditando el buen funcionamiento de un sector tan importante para nuestra comunidad autónoma, y, por tanto, la administración tiene que trabajar de la mano con ellos», valora la conselleira do Mar.
