El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la convocatoria de ayudas al Fondo de Compensación Ambiental, derivadas de los ingresos del canon eólico y destinada a entidades locales gallegas, con un presupuesto total de 11 millones de euros.
La convocatoria de este año incluye, como novedad, la posible financiación de aquellos proyectos que «contribuyan a la concienciación vecinal de la repercusión sobre el ambiente de las medidas de eficiencia energética e impulso de sostenibilidad ambiental en el sector público local», según ha informado el Gobierno gallego en un comunicado.
La Xunta ha convocado dos líneas de actuación. Por una parte, las subvenciones de naturaleza no competitiva destinadas a aquellos municipios afectados por la implantación de parques eólicos y la correspondiente instalación de conexión o vía de evacuación.
Por otra parte, las ayudas de naturaleza competitiva que priman las solicitudes presentadas conjuntamente por mancomunidades o asociaciones de ayuntamientos y consorcios locales frente a las individuales.
En ambas líneas, el requisito que los ayuntamientos deben cumplir para poder solicitar las ayudas es tener remitidas las cuentas del ejercicio presupuestario de 2018 al Consello de Contas de Galicia, antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes.
GASTOS SUBVENCIONABLES
La Xunta considera gastos subvencionables los costes de los servicios municipales dedicados a la protección del ambiente y espacio natural; la adquisición de equipamentos, vehículos o bienes inmuebles; actuaciones de impulso de la eficiencia y energías renovables; conservación de la biodiversidad o conocimiento y utilización recreativa y didáctica de los recursos naturales así como la recuperación del medio natural contaminado.
En cuanto a la sensibilización de la ciudadanía, serán financiables las guías de actuación de medidas de ahorro y eficiencia energética en el ámbito doméstico y la edición de material divulgativo y recursos didácticos sobre valores ambientales.
Asimismo, se valorarán las auditorías energéticas en edificios y dependencias de las entidades locales, la certificación energética de construcciones municipales y planes para la implantación de estrategias energéticas, entre otros.
